UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA

LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA

TESINA

“La construcción de identidades políticas durante

el proceso de provincialización del Territorio

Nacional de Chubut. 1954-1955.”

Alumna: Ana Clara Raffaele Legajo: 86215/7 Correo electrónico: anaclara_raffaele@hotmail.com Director: Dr. Sebastián Barros Fecha: Agosto 2012

RESUMEN

Los territorios nacionales constituyeron durante 70 años unidades político-administrativas que no gozaron de los derechos políticos que poseían para ese entonces el resto de las provincias argentinas. Los territorios patagónicos sufrieron especialmente el aislamiento que esta situación conllevaba, construyéndose en torno a éstos un discurso acerca de su inmadurez política y social. El presente trabajo apunta a una reflexión acerca del proceso de ruptura que implicó para los territorianos la irrupción del peronismo en términos de la construcción de identidades políticas. El objetivo general es indagar acerca de los discursos y prácticas que influyeron en la construcción de escenarios políticos específicos y sobredeterminaron procesos de identificación en estos espacios. En particular, proponemos un abordaje de la discursividad social que nos permita analizar el modo en que esos discursos condicionaron el devenir político-institucional de los territorios nacionales, y las características particulares que esta discursividad adquirió durante el proceso de provincialización del Territorio de Chubut. Nuestra hipótesis sostiene que la separación en 1944 de una parte del territorio, convertida en la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, generó las pautas para procesos de identificación disímiles entre el norte y el sur del territorio que abrieron paso a una conflictividad que perdurará en la historia provincial.

Palabras clave: Territorios nacionales – Peronismo – Identidades políticas – Discursos

- Provincialización – Chubut

ÍNDICE

Introducción………………………………………………………………………….. 5

Capítulo I: Identidades políticas, hegemonía y derechos políticos en los Territorios Nacionales…………………………………………………………………………….13

I.1. Estado y Territorios Nacionales……………………...................................13

I.2. La Patagonia como Territorio………………………...................................15

I.3. El Territorio Nacional de Chubut y la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia………………………………………………………………………17

I.4. Identidades políticas y hegemonía………………………………………...20

I.5. El rol de la “inmadurez” en los relatos sobre los territorios nacionales…..28

I.6. Peronización y politización……………......................................................31

Capítulo II. Reconfiguración de un discurso sobre el status político-institucional de los Territorios Nacionales............................................................................................36

II.1. La constitución de las identidades políticas en la Argentina………..........36

II.2. El discurso hegemónico de la inmadurez en los territorios………............43

II.3. Hacia la elaboración de un discurso de la madurez……………................48

II.4. La reforma de la ley 1532……………………………………...................55

Capítulo III. Identidades Políticas: diferencias en la construcción identitaria en el norte y el sur del Territorio de Chubut durante la provincialización…………….73

III.1. La provincialización como ruptura………………………………………73

III.2. El Movimiento Provincialista……………………………………………76

III.3. Debate por la Capital………………………………………………….84

Consideraciones finales…………………………………………………………..101

Fuentes consultadas……………………………………………………………....106

Bibliografía………………………………………………………………………...106

INTRODUCCIÓN

Los territorios nacionales patagónicos estuvieron marcados por una construcción del “Sur” “como territorio de lo exótico, lugar del desierto y de la inmensidad desconocida, confín y última frontera del espacio humanizado” (Marquez – Palma Godoy, 93: 17) y por un discurso que los presentaba en tanto espacios inmaduros para la vida política, económica y social contaminando así “los criterios con los que se otorgaba significado a toda una serie de cuestiones que iban más allá de la mera inmadurez política y socia” (Barros, 2003: 12). La conjunción de estas dos formas de concebir a la Patagonia sobredeterminó los sentidos sobre los que erigieron las prácticas políticas en esta zona del país. Hacia fines del siglo XIX esto redundó en considerar tanto a la Patagonia como a otros territorios escasamente poblados como “espacios de conquista”. Así, tras sucesivas campañas militares, la intención de consolidar las fronteras nacionales y afianzar el capitalismo emergente se cristalizó en estas regiones con la sanción, en 1884, de la Ley 1532 de Territorios Nacionales. La ley 1532 sancionada en 1884 dio origen a nueve territorios nacionales en la Argentina. Esta ley tenía por objetivo incorporar estos territorios al escenario nacional. El no considerarlos como provincias autónomas sino como delegaciones del poder central llevaba implícita la idea de que eran zonas que no se encontraban preparadas para el autogobierno, por lo cual debían atravesar por un periodo de maduración cívica e institucional que los habilitara. Para garantizar dicho proceso la ley incluía algunas cláusulas que restringían la provincialización según un criterio numérico de población. Sólo aquellos territorios que superaran los

60.000 habitantes podrían constituirse como provincias. La ley de territorios también regulaba el desempeño de los gobiernos locales: se constituirían en Municipios aquellas

localidades de más de mil habitantes y sus autoridades se designarían a través de

comicios, mientras que en aquellas localidades que no superaran esa cifra, los concejales serían designados por el gobernador que a su vez sería elegido por el gobierno nacional. El crecimiento poblacional parecía ser un requisito para el desarrollo y el aprendizaje político por parte de los pobladores y su constitución en actores políticos capaces de tomar las riendas de estas “nuevas” unidades políticas. El discurso de la inmadurez política de los territorios no sería sólo un discurso pregonado por el Estado para sostener la dominación de estos espacios, sino que este sería a su vez producido y reproducido al interior de los territorios por sus propios actores sociales y políticos lo que avalaría el “incumplimiento legítimo” de la ley 1532. Gran parte de los territorios superaron rápidamente el número previsto para la provincialización y sin embargo ésta fue postergada bajo el mencionado pretexto de la inmadurez. Recién en 1955, ya hacia finales del segundo mandato de Perón, fueron provincializados la totalidad de los territorios. El Territorio Nacional de Chubut es creado el 30 de mayo de 1885. El mismo estaba dividido por razones administrativas en cuatro departamentos: Rawson, Gaiman, 16 de Octubre y Sarmiento. Años más tarde, en 1915, el territorio es nuevamente subdividido por la Dirección General de Territorios en quince nuevos departamentos: Viedma, Gaiman, Escalante, Florentino Amieghino, Sarmiento, Cushamen, Mártires, Languiñeo, Futaleufú, Tehuelches, Paso de Indios, Gaiman, Gastre, Telsen y Rio Senguer. En 1944 en el marco de la segunda guerra mundial fue creada por Decreto-Ley N°

13.941 la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, una división administrativa cuya capital era la ciudad de Comodoro Rivadavia y que tomaba parte de los territorios de Chubut y Santa Cruz. Constaba de 12 departamentos: Sarmiento, Camarones, Pico Salamanca, Pico Truncado, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, Las Heras, Lago

Buenos Aires, Huemules, Alto Río Mayo, Río Mayo y Alto Río Senguer. La

constitución de esta zona militarizada respondía a la necesidad de establecer un área estratégica de defensa frente a la amenaza que constituía para la Patagonia el contexto bélico. La bibliografía respecto de este tema discute el trasfondo de esta decisión pero ese será un punto que desarrollaremos más adelante. En principio diremos que la creación de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, y esta será una de las principales hipótesis de nuestro trabajo, tendrá incidencia en la constitución de las identidades políticas locales y en la elaboración de los discursos acerca de la provincialización que difiere respecto del curso que esos mismos procesos tuvieron en el resto del Territorio de Chubut. Gran parte de los autores que han escrito sobre la provincialización de los territorios nacionales han hecho hincapié en la unilateralidad con que este proceso fue dirigido y ejecutado por el peronismo. Esta perspectiva pondera la problemática acerca de cuales fueron las acciones, luchas, debates que tuvieron lugar entre los políticos y la sociedad civil territoriana como un elemento analítico secundario. Consideramos que para comprender e interpretar este proceso es tan fundamental analizar tanto un eje como el otro. Si dijéramos que el peronismo, como movimiento político hegemónico, impuso sin mediaciones la provincialización en los antiguos territorios nacionales estaríamos asumiendo que las identidades son definidas desde arriba hacia abajo y perderíamos de vista que estos procesos identitarios suponen una dinámica de intercambio e imbricación constante entre sectores dominados y sectores dominantes. A su vez, afirmamos que si bien los partidos logran aglutinar tras de sí cierta identificación, los rasgos identitarios territorianos exceden estas estructuras, lo que nos obliga a buscar sus aspectos determinantes en otro tipo de expresiones políticas y societales, sobre todo considerando que en estos espacios los derechos políticos y la labor de lo partidos se

encontraban restringidos. Esta investigación, por tanto, se propondrá examinar tanto los

procesos nacionales y las acciones de gobierno frente a esta política como los debates, pujas y presiones experimentadas dentro del Territorio de Chubut al momento de la provincialización. En ese sentido, intentaremos deconstruir y comprender los clivajes políticos que signaron este proceso y que de algún modo determinaron el devenir del mismo. Específicamente intentaremos dilucidar cómo las trayectorias políticas y sociales de cada zona – identificaremos la zona sur, constituida en el momento previo a la provincialización por la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, y la zona norte, constituida por el Territorio Nacional de Chubut- intervinieron en la instauración de la provincialización generando procesos identificatorios particulares y disímiles. A partir de este interrogante general nos preguntaremos: ¿Qué prácticas, dispositivos, valores constituyen los procesos de identificación política en cada zona? ¿Qué factores políticos, sociales, económicos y culturales determinan la estructuración de modalidades identificatorias distintas? ¿Cuál es el discurso local respecto de la provincialización en cada lugar? ¿Qué sentidos cobra para los distintos actores? ¿Cuáles son los ejes de los principales debates? La estrategia metodológica utilizada para el abordaje de estos interrogantes será el análisis cualitativo de fuentes periodísticas locales durante los años comprendidos por esta investigación. Específicamente trabajaremos con artículos publicados durante los años 1954 y 1955 en los diarios El Chubut (Comodoro Rivadavia) y Jornada (Trelew), representativos a nuestro modo de entender, de la prensa local y regional de las subregiones que estas zonas integran. Comprendemos, en este sentido, que la prensa constituyó durante este periodo de la historia de los Territorios Nacionales un rol fundamental dentro de la estructuración del espacio público dadas las restricciones políticas vigentes, asumiendo rasgos deliberativos (Prislei, 2001). La lectura detenida de

estas fuentes no sólo nos permite realizar una reconstrucción histórica de lo acontecido

durante estos años en relación a la provincialización del territorio de Chubut, tema sobre el que casi no existe producción bibliográfica, sino que hecha luz sobre la presencia de una actividad política local muchas veces solapada por la historiografía. El trabajo con estos documentos tiene por objetivo un análisis intenso de los significados en la conformación de identidades políticas través del estudio de prácticas y discursos. El estudio comparativo del desarrollo del discurso provincialista en dos de las zonas que conformaron a partir de 1955 la provincia de Chubut, nos permitirá indagar acerca de las especificidades que configuraron identidades políticas que aún persisten en la provincia. Es así como el estudio de caso muestra, en esta instancia, su potencialidad no sólo ejemplificando lógicas más generales de la fenomenología política nacional, sino develando a su vez, el entramado denso y específico que se esconde en las prácticas políticas locales. Es necesario descender a estos niveles del análisis para poder comprender los devenires históricos de la política y sus prácticas en un intento de echar luz sobre los procesos macro que signaron la historia política del país. El mencionado trabajo de archivo fue realizado en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y consistió en la revisión de material disponible para los años 1954 y 1955 de los Diarios Chubut y Jornada. El resultado de la búsqueda, que se extendió durante tres meses, fue la selección de más de 300 artículos vinculados al tema estudiado que serán analizados a lo largo de la tesina. En el primer capítulo repasaremos la historia de los territorios nacionales y su especificidad en tanto objeto de estudio. Indagar acerca de su especificidad no supone entenderlos como unidades de análisis distintas de otras, como pueden ser las provincias, lo que implicaría encontrar nuevas dimensiones para su estudio. Esto último es lo que ha intentado hacer hasta el momento gran parte de la historiografía abocada a

la investigación de los territorios al entender que éstos no cumplen con los requisitos

institucionales que permitan inscribirlos dentro de las categorías políticas disponibles. Nuestra perspectiva, en cambio, pretende encontrar dicha especificidad en los elementos que sobredeterminan los discursos hegemónicos que dan forma a una realidad política particular destacando la contingencia y dinamismo de las relaciones políticas. En este sentido, abordaremos en un siguiente apartado los conceptos fundamentales que nos permiten hacer una lectura que escape a la literalidad de la discursividad social y ahonde en los sentidos estructurantes de la misma. Finalmente realizaremos una breve revisión de la literatura sobre territorios políticos atravesada por una reflexión crítica sobre las nociones de “inmadurez” y “peronización” frecuentemente utilizadas por la historiografía que ha abordado la temática. El análisis que pendula entre el carácter carismático y la rutinización o burocratización del accionar del Estado en los territorios poco nos dice acerca de la dinámica política que en ellos tuvo lugar durante este periodo. Es por ello que la perspectiva a través de la cual este trabajo hará foco será, no la del estudio de los grados de institucionalidad alcanzados en los territorios como termómetro de su desarrollo político sino la del análisis de las identidades políticas que nos permita comprender de una manera más acabada el sistema de alteridades y representaciones que tienen un papel constitutivo en todo proceso político. En el capítulo segundo abordaremos el análisis de los discursos, dentro del territorio nacional de Chubut y la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, en torno a dos leyes que tuvieron lugar durante los años estudiados por este trabajo: la Reforma de la Ley 1532 de Organización de los Territorios Nacionales (1954) y la Ley de Provincialización (1955). Lejos de pretender realizar una reconstrucción histórica exhaustiva del proceso de discusión y sanción de estas leyes, intentaremos, a través de la revisión de los medios locales, evidenciar la centralidad de estos hitos como

momentos de dislocación de los discursos hegemónicos acerca de la inmadurez política

de los territorios. La noción de minoridad, que operó en la sobredeterminación del vínculo entre el Estado nacional y los territorios y en la configuración de las relaciones políticas al interior de los mismos durante gran parte del periodo que tuvo vigencia la ley 1532, comienza hacia mediados de los años cincuenta a perder peso en la definición de los horizontes de sentido entre los territorianos. La llegada del peronismo al poder con la inclusión de nuevos actores a la política, a través tanto de prácticas formales como informales, constituyó una ruptura en la lógica de articulación de las demandas de la comunidad que impactó en las formas de estructuración identitaria, las lógicas político-institucionales y la construcción del lazo representativo (Barros, 2009). En el tercer y último capítulo, examinaremos los debates generados alrededor de la discusión por el destino de la capital de la nueva provincia. Dicha discusión cobró visibilidad en el marco de lo que se denominó como “movimiento provincialista”, una campaña emprendida por los habitantes de ambos territorios que intentó dar impulso al proyecto de provincialización discutido en ese momento en el Parlamento Nacional. En función de estos hitos, intentaremos deconstruir el proceso de conformación de identidades políticas tanto dentro del Territorio de Chubut como de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, guiados por la hipótesis de que durante el periodo estudiado se cristaliza un antagonismo que redefine las luchas políticas pretéritas estructurando nuevas pautas de identificación. Así, el proceso de diferenciación externa y homogenización interna que supone toda configuración identitaria, estará definido en este caso por prácticas articulatorias sedimentadas que serán resignificadas a la luz de nuevos modos de articulación que habilitan y son habilitados por la provincialización. La relevancia de profundizar en este aspecto de la provincialización del Territorio de Chubut emerge no sólo de la importancia de sumar nuevos datos históricos acerca de un periodo escasamente estudiado por la historiografía local, sino de la riqueza analítica que proporciona la perspectiva del estudio de las identidades políticas a la hora de entender y explicar el dinamismo y la contingencia de los procesos políticos. Es en este sentido que este trabajo pretende realizar un aporte, que, lejos de cerrar el debate en torno a estos temas, funcione como disparador de renovadas discusiones e interrogantes.

CAPÍTULO I. Identidades políticas, hegemonía y derechos políticos en los Territorios Nacionales

I.1. Estado y Territorios Nacionales

La ley 1532 sancionada el 1º de octubre de 1884 dio origen a nueve territorios nacionales en la Argentina: Misiones, Formosa, Chaco, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Dicha ley tenía por objetivo incorporar estos territorios, que hasta el momento eran parte de las provincias preexistentes, al escenario nacional. El no considerarlos como provincias autónomas sino como delegaciones del poder central llevaba implícita la idea de que eran zonas que no se encontraban preparadas para el autogobierno, por lo que debían atravesar por un periodo de maduración cívica e institucional que los habilitara. Para garantizar dicho proceso la ley incluía algunas cláusulas que restringían la provincialización según un criterio de población. Sólo aquellos territorios que superaran los 60.000 habitantes podrían constituirse como provincias. Asimismo, regulaba el desempeño de los gobiernos locales señalando que se constituirían en Municipios y elegirían a sus autoridades mediante comicios únicamente localidades de más de mil habitantes, mientras que en aquellas localidades que no superaran esa cifra los concejales serían designados por el gobernador que a su vez sería elegido por el gobierno nacional. En cuanto al poder legislativo, tendrían una legislatura los territorios que contaran con poblaciones mayores a los 30.000 habitantes y ésta estaría formada por delegados de los distritos municipales a razón de uno por cada dos mil habitantes. El poder judicial territoriano, por su parte, quedaba en manos de un juez letrado designado por el poder central, y en el caso de las localidades, el juez de paz era electivo sólo en aquellas que alcanzaran los mil habitantes.

Así, el crecimiento poblacional se constituía en un requisito para el desarrollo y

aprendizaje político por parte de los pobladores y su constitución en actores políticos capaces de tomar las riendas de estas “nuevas” unidades políticas. Sin embargo, como expresa Favaro, la capacidad electoral de los territorianos “quedaba condicionada al lugar donde vivían; ya que si se trasladaban a una provincia podían votar” (Favaro, 1997: 87). De hecho, a pesar de que muchos de los territorios nacionales superaron rápidamente las cifras estipuladas por la ley su status político no fue modificado sino hasta la provincialización, 70 años después de sancionada la misma. La perpetuación de una situación que la ley establecía como temporal, generó una contradicción con el postulado de que dicho marco regulatorio se orientaba a facilitar la gradual integración de los territorios al escenario nacional garantizando las condiciones para el desarrollo social y económico de los mismos. En este sentido, no sólo las exigencias poblacionales fueron superadas tempranamente sino que muchos de los territorios experimentaron un significativo impulso de sus economías como consecuencia de su integración a los mercados regionales y nacionales. “Esta ambigüedad sitúa una controversia que se manifiesta tanto en los ámbitos del poder central como en los espacios territorianos. En cada uno de ellos la búsqueda de modalidades propias de representación e influencia política van delimitando movimientos de carácter reivindicatorio que se expresan en diversas estrategias” (Arias Bucciarelli, 2009: 3). Así, el vínculo entre el Estado y los Territorios asume un carácter complejo al estar atravesado por una doble tensión: por un lado, se le reclama protección dada la condición de “inmadurez” de los últimos, y por otro, comienza a gestarse entre sus pobladores una campaña por la autonomía política e institucional.

I.2. La Patagonia como Territorio

Paradójicamente la Patagonia, cuna de una diversidad de pueblos originarios, fue una de las primeras tierras argentinas en ser exploradas y pobladas y una de las últimas en ser formalmente integradas al territorio nacional. Desde 1535 hubieron intentos de colonización por parte de españoles, británicos y jesuitas, sin embargo, la hostilidad del clima, la escasez de recursos naturales de fácil extracción y la inmensidad del territorio atentaron contra el avance de su ocupación por parte del hombre blanco. No obstante, hacia finales del siglo XIX frente al proceso de consolidación del Estado nacional, la Patagonia mostró su potencialidad económica, estratégica e identitaria. Así, “la necesidad de consolidar las fronteras australes, incorporando nuevos espacios a la explotación agrícola-ganadera y fundamentalmente, la decisión de poner término a lo que entonces se consideraba “el problema indígena”, fueron los móviles principales que impulsaron a los gobiernos de turno a acometer la empresa de “colonizar la Patagonia”. La denominada “Conquista del Desierto” sintetizó los objetivos de esa elite dirigente dispuesta a dar una nueva configuración a los destinos del país” (Marques – Palma Godoy, 1993: 18). Los territorios nacionales patagónicos surgen el 11 de octubre de 1878 con la creación por la ley Nº 954 de la gobernación de la Patagonia, con capital en Viedma pero sin límites demasiado precisos. Es recién en 1884 que la ley 1532 da origen, a partir de la subdivisión de esta gobernación, a cinco nuevos territorios: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Si bien existen rasgos económicos, sociales y culturales comunes a estas poblaciones patagónicas, algunos autores han identificado una serie de especificidades regionales que permiten diferenciarlas en tres zonas: Patagonia norte, Patagonia centro y Patagonia sur (Bona-Vilaboa, 2007). Según Marquez y Palma Godoy (1993) cada una de estas

zonas está atravesada por la preeminencia de lo que denominan “subregiones” o

“subsistemas”, áreas que si bien no alcanzan a constituir regiones geográficas, poseen cierta influencia a partir de ser espacios “con cierto grado de homogeneidad, con diversa intensidad de polarización, de relación respecto de la ciudad de cabecera”. En las regiones patagónicas recién señaladas, las subregiones estarían constituidas por Neuquén (Patagonia norte), Comodoro Rivadavia (Patagonia centro), y Río Gallegos (Patagonia sur). A su vez, al interior de cada una de estas zonas existen otras subregiones que hicieron al entramado político y económico de cada territorio. En el caso del Centro, objeto del presente trabajo, la tensión existente entre la subregión de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, creada en 1944, y la subregión organizada en torno a la ciudad de Trelew tuvo, durante el periodo de vigencia de la Ley 1532, incidencia en el devenir político y por tanto en la conformación de las identidades políticas locales y regionales:

“Entre ambas Subregiones, ha existido tradicionalmente una fuerte competencia por la hegemonía política y económica dentro de la jurisdicción del Chubut que se manifiesta no sólo al nivel de las autoridades y de las esferas de decisión sino que se expresa en actitudes y expectativas del conjunto de la población” (Marquez- Palma Godoy, 1993: 16).

Este tipo de argumentos son comúnmente enunciados en la región, sin embargo poco se ha indagado acerca de sus características y orígenes. En este sentido es que nos preguntaremos por la construcción discursiva de esta diferencia y la consecuencias

socio-políticas de la misma intentando echar luz sobre aquellos elementos que la

sobredeterminaron.

I.3. El Territorio Nacional de Chubut y la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia

Fue en 1865 que se instaló, con autorización y apoyo del Ministro Guillermo Rawson, la primera colonia de galeses primero en el Golfo Nuevo y luego en el Valle del Chubut llamando al nuevo emplazamiento Rawson en honor a dicho ministro. Luego de la construcción del ferrocarril que unía Bahía Blanca con el valle inferior del río Chubut (VIRCh), se fundaron las ciudades de Trelew y Madryn, seguidas años más tarde por las poblaciones de Esquel y Trevelin, al oeste del territorio. A partir de la subdivisión de la Gobernación de la Patagonia establecida por la Ley de Organización de los Territorios Nacionales, se creó el Territorio Nacional del Chubut para el cual dicha ley determinó en el Artículo 4º los siguientes límites: al Norte el paralelo 42º; al Este, la costa del Océano Atlántico; al Oeste, la línea divisoria con Chile; y al sur, el paralelo 42º. La primera gobernación establecida fue instalada el 30 de mayo de 1885 y según lo señalado por la Ley 1532, el primer gobernador, Luis Jorge Fontana, fue designado por el Gobierno Nacional. Tras varias modificaciones el territorio fue subdividido por decreto el 20 de octubre de 1915 en quince departamentos, división que perduró hasta la creación, en 1944, de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia. Esta última, además de la ciudad que le dio nombre, sumó territorios del sur de Chubut1 y del norte de Santa Cruz. Siendo Comodoro Rivadavia el pilar económico del Territorio de

1 Antes de crearse la Gobernación Militar, Chubut tenía 223 mil km. cuadrados. Al ceder los departamentos Alto Río Senguer, Sarmiento y Escalante, restó a su haber 65.000 km cuadrados.

Chubut, a raíz de la importancia de la actividad petrolera en la zona tanto para el Estado

como para los sectores privados, su pérdida tuvo gran impacto para la zona de Chubut. La instauración de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia2 descansó sobre el fundamento explícito de la protección de los recursos extractivos frente al conflicto bélico mundial. El Golfo San Jorge se constituyó desde los inicios de su poblamiento como una zona de vulnerabilidad y desprotección (Carrizo, 2010: 91) por lo que la opción de la militarización no suscitó mayores oposiciones entre los actores locales. A su vez, las Fuerzas Armadas contaban con amplia legitimidad al estar asociadas al control, el nacionalismo y al desarrollo económico en una región signada históricamente por la irrupción de campañas militares. En este sentido, se había logrado instalar la noción de que la Patagonia constituía un espacio de vacancia institucional y de ausencia de nacionalismo, faltas que debían ser suplidas por el poder castrense. Sin embargo, señala Carrizo, el contexto de la segunda guerra mundial y la vulnerabilidad del Golfo San Jorge frente a ataques extranjeros cumplieron más bien un rol legitimador de la militarización y no su verdadera causa. Fueron las características del movimiento obrero petrolero y la amenaza que implicaban para el orden social en los yacimientos el real motivo de la creación de una zona militarizada en torno a Comodoro Rivadavia (Carrizo, 2010-). En este sentido Carrizo afirma que “la causa que determinará la creación de la Zona Militar no era externa, sino que respondía a un enemigo interno: la huelga, la subversión, el comunismo” (Carrizo, 2009: 688). Asimismo la rearticulación territorial que significó la definición de nuevos límites implicó un reordenamiento del sector productivo y económico en tanto esta zona concentraba gran parte de los recursos estratégicos de los dos territorios originales.

2 La Zona Militar de Comodoro Rivadavia abarcaba toda la cuenca del Golfo San Jorge, comprendiendo el territorio del Chubut al sur del paralelo que pasa por Camarones, y el de Santa Cruz al norte del Río Deseado. Comodoro Rivadavia, ubicado en el centro geográfico de esta delimitación, fue designada como capital de la Gobernación.

Implicancias que también alcanzaron al sistema político siendo que, dada la función de

protección que las Fuerzas Armadas debían cumplir, las facultades de gobierno que las autoridades poseían en la Gobernación Militar eran excepcionales respecto a las que tenían en los territorios nacionales. Según lo establecía el decreto 13.941/44 de creación de la Gobernación Militar, la gobernación era ejercida por un superior del Ejército nombrado por el Poder Ejecutivo de la Nación por propuesta del Ministerio de Guerra. Estos estaban facultados para designar a sus colaboradores civiles, jueces de paz y comisionados a la vez que se encontraban habilitados a dictar reglamentos, ordenanzas y disposiciones “más convenientes para el gobierno, administración y fomento de la zona militar” (Comodoro 70, 1971: 84). Es en este marco que inscribiremos nuestra indagación acerca de la conformación de identidades políticas durante el proceso de provincialización de Chubut. Dicho proceso, que llegó con el fin del segundo mandato peronista, generó debates y pugnas al interior de los territorios y la gobernación militar que tuvieron implicancias en el modo en que se constituyeron y marcaron el devenir de las articulaciones políticas en estas regiones. Los sentidos que cobraron las formas de diferenciación respecto de un exterior y las dinámicas de afinidad interna en la definición de identidades colectivas durante los momentos previos a la provincialización tanto dentro de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia como del Territorio del Chubut ocupan el interés de este trabajo. Para ello, intentaremos distanciarnos de las perspectivas institucionalistas y deterministas que analizan este proceso únicamente desde su inscripción en el desarrollo del Estado Nación en la Argentina. Concebimos a las identidades políticas como prácticas que se desenvuelven también por fuera de las lógicas institucionales y que son al mismo tiempo configuradoras de sentidos que definen nuevas identidades. En esta línea, y siguiendo lo planteado por Barros, entendemos que el análisis de las identidades

políticas dentro de los Territorios Nacionales debe escapar a las narrativas deterministas

de la formación del Estado e inscribirse más bien en la búsqueda de aquellos sentidos que sobredeterminan las condiciones de posibilidad para la institucionalización dentro de un Estado.

I.4. Identidades políticas y hegemonía

En este punto resulta conveniente precisar que al hablar de identidades políticas nos referimos al “conjunto de prácticas sedimentadas, configuradoras de sentido que establecen, a través de un mismo proceso de diferenciación externa y homogeneización interna, solidaridades estables, capaces de definir, a través de unidades de nominación, orientaciones gregarias de la acción en relación a la definición de asuntos públicos” (Aboy Carlés, 2001: 54). Como aclara Aboy Carlés retomando a Laclau, estas identidades y las prácticas articulatorias que estas suponen no se desenvuelven en un vacío discursivo sino que lo hacen sobre “un campo parcialmente objetivado por el efecto de sedimentación de prácticas articulatorias pretéritas, y además, en un campo en que el sentido deberá establecerse a partir de una situación de competencia entre las distintas prácticas articulatorias presentes” (Aboy Carlés, 2001: 42). Esto es así en tanto entendemos que lo social no es sino la sedimentación de acciones políticas pretéritas que en el presente aparecen representando una realidad objetivada. El estudio de las identidades políticas, entendidas en tanto voluntades políticas complejamente articuladas, implica precisamente la deconstrucción de esa realidad objetivada con el fin de comprender “las lógicas de su constitución y disolución, así como las determinaciones formales de los espacios en los que ellas se interrelacionan” (Laclau, 2003: 82). Son esas lógicas y esas determinaciones las que no sólo fundan la hegemonía sino que convierten en el mismo movimiento a los agentes sociales en sujetos

históricos. Es por ello que el análisis de cualquier proceso político que pretenda dar

cuenta de la constitución de identidades políticas debe iniciar su búsqueda en aquellos elementos discursivos que sobredeterminan sus significados (Barros, 2009). Dicha búsqueda, desde la perspectiva teórica que estamos señalando, implica una indagación que profundice no sobre la topología de lo político, es decir, sobre “la asignación de posiciones en una imagen espacial y en una dimensión sincrónica que asegura la sistematicidad del sistema, su cierre…” (Aboy Carlés, 2001: 46), sino en las lógicas que determinan los procesos de diferenciación externa y homogenización interna que están en la raíz de la constitución de las identidades políticas en un momento histórico determinado. Toda identidad es relacional, es decir que se configura y constituye siempre en relación con un “otro” que establece una diferencia entre un nosotros/ellos que está en la base de cualquier proceso de identificación colectiva. De este modo, las relaciones que constituyen una totalidad discursiva articulada y tienen un carácter necesario. Esta necesidad no deriva, por tanto, de un principio subyacente, sino de la regularidad de un sistema de posiciones estructurales. Según veremos, si la contingencia y la articulación son posibles es porque ninguna formación discursiva es una totalidad suturada, y porque, por tanto, la fijación de los elementos en momentos no es nunca completa (Laclau-Mouffe, 2004: 179). En tanto “lo político” siempre supone la necesidad de optar entre alternativas en conflicto, el antagonismo se constituye así no sólo en su característica principal sino en una precondición. Así, lo específico de lo político y por tanto, de las identidades políticas, como señalará Carl Schmitt en su célebre obra “El concepto de lo político” (1932), es que esa relación se encuentra definida por la discriminación amigo/enemigo. En lo político la relación “nosotros/ellos” que define cualquier identidad colectiva asume la forma de un antagonismo contingente e irresoluble. En este sentido Mouffe afirma que “toda antítesis adquiere un carácter político si es lo suficientemente fuerte como para agrupar eficazmente a los seres humanos en términos de amigo/enemigo” (Mouffe, 2009). La importancia de rescatar que lo específico de “lo político” está dado por la diferencia amigo/enemigo, dirá Aboy Carlés, es lograr superar la visión institucionalista que prima en los estudios sobre las identidades políticas. Al abandonar el análisis topológico que confina lo político a lo institucional, lo que hace Schmitt, afirma Aboy Carlés siguiendo a Arditi (1995), es pensar lo político como una “forma coextensiva con lo social” (Aboy Carlés, 2001: 27). Esta forma de entender lo político desplaza aquellas teorías de la política “en dos tiempos” que escinden los momentos de la representación en dos planos diferenciados donde una parte es “reflejo” de la otra. Bajo esta lógica se separa lo social de lo político quedando obturada la posibilidad de comprender el fenómeno instituyente que supone cualquier proceso de identificación política ya que lo representado y lo representable configuran instancias independientes: “una génesis social y, posteriormente, su materialización en voluntades colectivas y burocracias partidarias” (Aboy Carlés, 2001: 28). Sostendremos entonces, siguiendo a Laclau, que la posibilidad de romper con este “hiato argumentativo” (Aboy Carlés) radica en reemplazar los análisis topográficos de las instituciones políticas por un análisis de las lógicas de lo político donde Estado, política y sociedad civil sean parte del mismo proceso de constitución de las identidades políticas. En palabras de Laclau: “Estas son las lógicas del partido y de la hegemonía, que son fundamentalmente idénticas, en tanto ambas presuponen articulaciones no dialécticas que no pueden reducirse a un sistema de posiciones topográficas” (Laclau, 2003). Es precisamente la noción de “hegemonía” la que nos lleva cambiar el foco de análisis en la medida que nos permite dar cuenta del proceso de constitución de los agentes sociales dentro del campo discursivo. Con esto queremos decir que no existe un sujeto previo a “la forma histórica de articulación del conjunto de posicionalidades de una sociedad” (Laclau, 1985), sino que es justamente el carácter significante de toda práctica social lo que da origen a éste. El concepto de hegemonía, por ende, nos aleja del esencialismo al dejar al descubierto la contingencia de lo político devolviéndole su rol instituyente en la conformación de las identidades colectivas. Esta potencialidad heurística que la noción de hegemonía tiene en la explicación de cualquier orden social sólo se evidencia si la entendemos, dice Aboy Carlés, no como una metáfora topólogica sino en su rol mediador entre categorías políticas y sociales (Aboy Carlés, 2001). De este modo, cualquier análisis político que emprendamos debe tener como punto de partida la búsqueda de “la determinación de la estructuración hegemónica de la sociedad (…) ya que es sólo en el interior de este principio hegemónico, como forma específica de articulación de posicionalidades, que se constituye la unidad de los diversos agentes sociales” (Laclau, 1985: 21). Esta estructuración hegemónica es importante para nuestro argumento ya que dicho sistema de posicionalidades sociales, define y estructura quienes dentro de una comunidad cuentan con legitimidad para nombrar lo común. Entendida así, la comunidad “categoriza y clasifica a los sujetos en este sentido, lo común es la medida utilizada para esa categorización y clasificación” (Barros, 2011: 10). En la interrupción de ese orden natural de la dominación, distorsión de la distribución de las ocupaciones, las funciones y los lugares, dirá Rancière, se encuentra justamente el origen de lo político. La política será entonces para este autor la actividad “que rompe la configuración sensible donde se definen las partes y sus partes o su ausencia por un supuesto que por definición no tiene lugar en ella: la de una parte de los que no tienen parte” (Rancière, 1996: 45).

Es en este punto que se vuelve clave introducir los conceptos de “articulación” y

“sobredeterminación” introducidos al análisis de la discursividad política por Laclau, en tanto son elementos constitutivos de toda formación hegemónica, y por tanto, de todo proceso de producción y reproducción social. Cuando nos referimos a la categoría de articulación estamos refiriéndonos a “toda práctica que establece una relación tal entre elementos que la identidad de éstos resulta modificada como resultado de esa práctica” (Laclau – Mouffe, 2004: 142 – 143). Como dijimos anteriormente, los sujetos se constituyen a partir de la articulación del conjunto de posicionalidades dentro de una sociedad, pero como aclara Laclau (1985), para ser hegemónica esa práctica articulatoria debe darse bajo formas consensuales, y esto sólo es posible en el campo de lo político, es decir, en un campo surcado por antagonismos. Si bien esta afirmación resulta contradictoria a simple vista, su coherencia radica en que el único modo de establecer un consenso, es decir, un orden social en el marco de la heterogeneidad de lo social, es a través de la superación de la dicotomía universalidad/particularidad. Así, la relación hegemónica requiere de un discurso construido por medio de la equivalencia de una pluralidad de demandas, de modo que la representación, como la imposibilidad de la reconciliación entre lo particular y lo universal, es inherente a esta relación. La desigualdad entre un nosotros/ellos en donde un sector de la sociedad presenta sus objetivos particulares como los únicos compatibles con el real funcionamiento de la comunidad, se vuelve así condición sine qua non de la posibilidad de formación de las identidades políticas (Laclau, 2003). La teoría de la hegemonía que venimos desarrollando especifica dos formas de articulación: la diferencia y la equivalencia. La tensión permanente e irresoluble entre ambas es inherente a toda formación política dado que ni una ni otra pueden darse plenamente: mientras que para ser equivalentes, dos términos, deben ser diferentes, la equivalencia sólo es posible en tanto “subvierte” el carácter diferencial de los mismos. Esta tensión que atraviesa toda práctica articulatoria define la condición de incompletitud y de imposibilidad de lo social como totalidad. Afirma Laclau:

“Si tal cierre pudiese lograrse, ningún evento hegemónico resultaría posible y lo político lejos de ser una dimensión ontológica de lo social – un “existencial” de lo social- se reduciría a una dimensión óntica de este último. En segundo lugar, sin embargo, la sutura hegemónica tiene que producir un efecto re-totalizante, sin el cual ninguna articulación hegemónica sería tampoco posible” (Laclau, 2002: 60).

La articulación, consistirá entonces, en la fijación parcial de sentidos que estructuran y organizan las relaciones sociales al establecer una relación entre “elementos diferenciales” que no están articulados discursivamente convirtiéndolos en “momentos” dentro de una cadena equivalencial. Sin embargo, tal como sentencian Laclau y Mouffe, “La transición de los «elementos» a los «momentos» nunca se realiza totalmente” ya que “no hay identidad social que aparezca plenamente protegida de un exterior discursivo que la deforma y le impide suturarse plenamente” (Laclau- Mouffe, 2004: 188). De este modo, podemos afirmar que el carácter contingente de cualquier identidad política está dado por su cualidad de incompletitud, por la imposibilidad de su cierre definitivo. Cualquier cierre será siempre circunstancial y responderá a una estructuración determinada constantemente amenazada y sujeta a nuevas rearticulaciones hegemónicas. Por su parte, la noción de “sobredeterminación” refiere al modo en que las identidades se configuran a través de exterioridades constitutivas que hacen a su particularidad.

Dado el carácter relacional de las identidades “esas exterioridades constitutivas, que

niegan la plenitud de una identidad y por eso mismo son la posibilidad de su existencia, no son otra cosa que otras identidades y demandas” (Barros, Peronismo y politización: 2009). A su vez, afirman Laclau y Mouffe, esta naturaleza sobredeterminada de las relaciones sociales da cuenta de que lo social siempre se constituye como orden simbólico lo cual explica la carencia “de una literalidad última que las reduciría a momentos necesarios de una ley inmanente” (Laclau – Mouffe, 2004: 164). Lo que sucede, no obstante, es que la relativa estructuralidad que cobra el campo de la discursividad a partir de cierta “regularidad de un sistema de posiciones” no sólo opera como terreno para las prácticas articulatorias sino que tiene un rol activo en la sobredeterminación de las mismas. Así, la idea de sobredeterminación hace referencia a “este proceso en el que una pluralidad de identidades se articulan entre sí contaminándose mutuamente y en el que una de ellas comienza a imponer su propia lectura de la realidad a las demás” (Barros, 2009: 2). Sobredeterminación y articulación constituyen las herramientas fundamentales para pensar la complejidad de ese vínculo entre diversas identidades, que no puede reducirse ni al reconocimiento de su pluralidad ni al establecimiento de una jerarquía entre ellas. De este modo, tanto un concepto como el otro se definen por la lógica de la externalidad a partir de la cual dan forma a ese vínculo, siendo lo excluido parte esencial en la definición del contenido identitario (Barros, 2009). Cabe aclarar, que dicha externalidad sólo es posible de ser concebida si entendemos que la fijación de sentido que se produce a partir de estos procesos es siempre parcial, es decir, que supone el carácter abierto e incompleto de lo social donde el sistema de posicionalidades al interior de ciertas formaciones discursivas no poseen nunca una articulación estable (Laclau- Mouffe, 2004: 230).

La forma histórica en que estos procesos de articulación y sobredeterminación tienen

lugar dentro de un campo discursivo determinado constituye el principio hegemónico de una sociedad. No obstante, como dijimos en un comienzo, lo específico de lo político, y por tanto de toda formación hegemónica es el antagonismo, por lo que para hablar de hegemonía no es suficiente la presencia del momento articulatorio sino que debe tener lugar un duelo entre prácticas articulatorias antagónicas, una lucha por la fijación del sentido. Así la hegemonía se constituye como el “momento en que una multiplicidad de demandas actúan recíprocamente esforzándose por dar sentido a una cierta situación, e intentan imponer su representación de la misma como el principio de lectura que trabajará como horizonte de inteligibilidad” (Barros, 2003: 2). Es en esta instancia, que, en el intento de representar la totalidad de la sociedad reduciendo al mínimo la contingencia de los sentidos asignados a las relaciones sociales, se erigen las identidades. A partir de ello podemos concluir en que “El hecho de considerar “lo político” como la posibilidad siempre presente del antagonismo requiere admitir la naturaleza hegemónica de todos los tipos de orden social y el hecho de que toda sociedad es el producto de una serie de prácticas que intentan establecer orden en un contexto de contingencia” (Mouffe, 2009: 24). La hegemonía, es entonces, una forma de la política, un tipo de relación política, en donde los límites entre los elementos de una sociedad son transformados en fronteras, donde aquello que está por fuera de la frontera es definido como aquello que ella no es. “Es sólo a través de la negatividad, de la división y del antagonismo, que una formación puede constituirse como horizonte totalizante” (Laclau – Mouffe, 2004: 244). Sin pretensión de ser exhaustivos, lo desarrollado hasta aquí cumple con el propósito de acercarnos un panorama general sobre el marco a partir de la cual analizaremos el proceso de conformación de identidades políticas durante la provincialización de

Chubut que es objeto de este trabajo. Como ya anticipamos, dicha perspectiva se

contrapone a aquellas visiones que abordan lo político desde una matriz esencialista que se cristalizan en miradas estrechas y sesgadas sobre los fenómenos que describen. Apuntamos nuestro análisis, por tanto, a una búsqueda de aquellos elementos del campo de la discursividad que sobredeterminaron estas identidades y que nos permita comprender de una manera más acabada el sistema de alteridades y representaciones que tienen un papel constitutivo en toda dinámica política.

I.5. El rol de la “inmadurez” en los relatos sobre los territorios nacionales

Los territorios nacionales están atravesados por la noción de inmadurez tanto desde su propia historia política como desde la historiografía que se ha encargado de construir y reconstruir sus relatos. Frente a ello, Barros propone “redimensionar el estudio de la política en los territorios nacionales deconstruyendo los efectos sobredeterminantes del discurso de la inmadurez” (Barros, 2006). La llegada del peronismo al poder, supuso una transformación abrupta de las relaciones sociales respecto del modo en que habían estado configuradas hasta ese momento. La irrupción y la distorsión que implicó el peronismo en los dispositivos de identificación política, generó no sólo un desafío para quienes se constituyeron como adversarios -que debieron buscar nuevos modos de interpelar a la sociedad- sino también para la historiografía que intentó dar cuenta de este proceso. Para el caso de los territorios nacionales este desafío adquirió una complejidad mayor ya que a la excepcionalidad del régimen peronista se añadió la excepcionalidad de la situación político/institucional de los éstos. En este contexto, la inmadurez emerge como argumento del “atraso” y la “apoliticidad” en el que se encontraban sumergidos.

Lo que Macor y Tcach han denominado como corriente historiográfica del peronismo

“extracéntrico” o “periférico”, en referencia a aquellos trabajos que en los últimos años han profundizado sobre el estudio del peronismo en las provincias argentinas, reúne una serie de interpretaciones que difieren en la explicación que han dado a este fenómeno político. Para el caso del estudio de los territorios nacionales si bien existen matices y cualquier clasificación resultará, sin dudas, arbitraria, podemos definir dos grandes corrientes: por un lado aquellas que estudian el peronismo en los territorios desde una matriz que podríamos definir como determinismo institucionalista, y por otro, aquellas que abordan su análisis desde una concepción discursiva de lo social. La primera concentra sus esfuerzos en la búsqueda de los factores que determinaron el retraso de la plenitud del Estado moderno en los territorios y la injerencia del peronismo en este proceso a partir de sus especificidades institucionales, mientras que la segunda perspectiva apunta a la deconstrucción de los sentidos que sobredeterminaron la realidad política territoriana durante el peronismo privilegiando el momento del antagonismo y la exclusión. Con diferentes alcances una y otra desarrollan análisis concretos, que más que elaborar grandes relatos acerca del peronismo, intentan aportar “nuevas miradas, material empírico y claves interpretativas que resultan hoy indispensables para elucidar el «enigma peronista»” (Macor –Tcach, 2003: 7). Como mencionamos al principio, el discurso de la inmadurez no sólo tiene un efecto sobredeterminante sobre el devenir histórico y político de los territorios, sino que también aparece atravesando la bibliografía referida al tema. La “inmadurez” figura así en los estudios historiográficos como un factor que explica la naturaleza política de los territorios desde su atraso. Según Barros “Es la pretendida inmadurez de algo que todavía no es lo que debe ser (provincia, sociedad, Estado-Nación, ciudadano, clase social, etc.) lo que sobrevuela todos estos discursos y lo que parece explicar la realidad

política específica de los territorios nacionales” (Barros, 2003). Es aquí donde emerge la

visión institucionalista a la que hacíamos referencia anteriormente, en función de que la ausencia de aquellos elementos que constituyen al Estado Nación moderno es ponderada como una variable que determina el atraso social, político, económico y cultural territoriano. Estos lugares, percibidos como sociedades que permanecían en una condición de minoridad, estaban inhabilitados a tener la facultad del autogobierno. Se encontraban en un estadío previo de la evolución que supone el desarrollo de un Estado-Nación plenamente organizado, por lo que mientras no se institucionalizaran administrativamente (en tanto provincias) la polítización, y por ende, la constitución de identidades políticas, no tendrían lugar allí. Esta inmadurez se valía de argumentos como la lejanía de los territorios respecto de los “centros civilizados” que implicaba la incapacidad moral de sus habitantes para ejercer su propia representación. Así, en tanto son leídos como espacios condenados a la apoliticidad, la resolución de sus problemas está confinada a la gestión de conflictos administrativos y no políticos. En palabras de Barros “La lógica de resolución pasaba por la atención diferencial de dichos problemas que así mantenían su propia particularidad a salvo de posibles contaminaciones por parte de la “politiquería” o el conflicto partidario que pudiese darse a nivel nacional” (Barros, 2007: 3). Como explica este mismo autor, en su calidad de minoridad, los territorios, sufrían una “doble inmadurez”: eran protegidos tanto de los vicios del caudillismo propio de las provincias ya constituidas, como de las formas modernas que había adquirido la política nacional en las últimas décadas. Esta percepción apolítica y evolucionista con la que se los describe signó al mismo tiempo los discursos locales y nacionales de la época como los desarrollos historiográficos que contemporáneamente intentaron reconstruirlos preguntándose por las causas del retraso de los territorios para integrarse a la estructura institucional del

Estado. Sin embargo como veremos, al quedar encerrados en una lógica determinista

que sólo halla lo político allí donde hay instituciones plenamente constituidas poco nos pueden decir estas interpretaciones acerca de aquello que se preguntan. Más bien, las respuestas a las que arriban tienden a cobrar un sentido circular donde la inmadurez asume en la explicación un carácter normativo. Ante esta encrucijada, Barros (2006) propone citando a Arias Bucciarelli, “redimensionar el plano de la discusión” al comprender que es la propia idea de inmadurez, en tanto discurso hegemónico, la que hace a la especificidad política de la vida territoriana. Es decir, que es ese mismo discurso el que sobredetermina las condiciones y el modo en el que ese proceso de institucionalización se desarrolla. Según Barros “El discurso hegemónico en este sentido fue el discurso de la inmadurez de los territorios que sobredeterminaba tanto el discurso del gobierno nacional como el discurso de los notables de la época y aún hoy parece sobredeterminar el discurso de algunas corrientes de la historiografía local” (Barros, 2007: 8). Es preciso entender que sólo es posible hacer inteligible esta argumentación si abandonamos la perspectiva institucionalista y comprendemos que la lógica de constitución de identidades excede siempre al sistema político y que el concepto de representación comprende, pero no se circunscribe, a la participación en las instituciones del Estado (Aboy Carlés, 2001).

I.6. Peronización y politización

Si hay algo que la bibliografía sobre Territorios en la Patagonia no sólo no pone en duda sino que más bien resalta, es la profunda transformación de las relaciones políticas que introdujo el primer peronismo. Discutiremos en este apartado las perspectivas desde las cuales se han definido las causas y alcances de esas transformaciones.

Centralización, homogeneización, nacionalización, politización, peronización son algunos de los términos con los que los autores han intentado dar cuenta del proceso de metamorfosis en la relación entre el Estado y la sociedad civil que supuso el peronismo, y que, siguiendo a Barros, denominaremos “ruptura peronista”. En su artículo “El primer peronismo…” Hudson (2007) describe el proceso de centralización política y crecimiento del aparato burocrático de Estado nacional durante el primer peronismo en la Patagonia, específicamente para el caso de Santa Cruz. A partir de dicho proceso según la autora "se crean nuevas oficinas, se instalan delegaciones de los ministerios nacionales y se delegan competencias en los gobernadores, mecanismos éstos que contribuyen al crecimiento del ejercicio de la autoridad y control del Estado sobre la sociedad" (Hudson, 2007: 28). La homogeneización e integración a la que se hace referencia, abarca la incorporación de los territorios al escenario nacional a través de la expansión de las instituciones formales del Estado. Entendida de este modo, la vacancia institucional territoriana explicaría el éxito de esta tarea durante el peronismo: “A diferencia de otras regiones, Santa Cruz no contaba con instituciones fuertes en el momento de la instalación del peronismo en el poder. Por lo tanto, éste no encontró un espacio conflictivo para el proceso de nacionalización y centralización que se impulsaba desde el gobierno nacional” (Hudson, 2007: 31). Siguiendo este argumento, resulta difícil comprender la capacidad que tuvo el peronismo para generar mecanismos de identificación política en zonas de mayor complejidad institucional y desarrollo del sistema político. La centralización del poder y de la toma de decisiones que instaló el peronismo, entra en contradicción según señala la autora, con la desconcentración burocrática e institucional propia de un Estado moderno que implicó “la delegación de facultades en los gobernadores, aunque limitada a escasas atribuciones y siempre con la obligación de informar a las autoridades centrales, así como también la creación de nuevas oficinas e instalación de instituciones nacionales” (Hudson, 2007: 45). Ambas estrategias estarían asociada a la necesidad del peronismo de obtener adhesiones políticas entre los territorianos al mismo tiempo que la de legalizar la designación de empleados por parte de los gobernadores, situación que ya se daba con anterioridad. Es justamente en el punto en el que se plantean las continuidades y rupturas entre el peronismo y los gobiernos anteriores que Barros encuentra la fragilidad de los argumentos acerca de la “politización” y “peronización” de los territorios nacionales dado que tanto la subordinación de las designaciones de autoridades al aparato político como la necesidad de obtener adhesiones políticas constituyen prácticas previas al peronismo. Frente a esto el autor afirma:

“Lo que no se comprende bien entonces es por qué la misma práctica en una instancia (peronista) fue síntoma de politización y en otra (no peronista) no lo fue (…) Toda la minuciosa descripción que se realiza sobre el nombramiento de funcionarios y la peronización del aparato estatal no tiene casi diferencias con la forma en que se elegían las autoridades con anterioridad al peronismo; sin embargo, una aparece como ejemplo de politización y la otra no” (Barros, 2009: 4).

Ante esto concluye que el fenómeno de politización responde según la literatura a la instancia de injerencia del partido en la mediación entre el Estado y la sociedad. Es decir, que la referida politización respondería a la partidización del aparato gubernamental a partir de la búsqueda de ampliación de las lealtades políticas. Entender al Estado como “aparato”, dirá Rancière, supone de una oposición entre Estado y

sociedad donde el primero es representado como la máquina, el "monstruo frío" que

impone la rigidez de su orden a la vida de la segunda” (Rancière, 1996: 45). Superar la visión institucionalista y normativa del Estado, implica no obstante, comprender la política en tanto vínculo en donde lo que esta puesto en juego es la legitimidad sobre lo que en una sociedad de constituye como lo común. Abonaremos, en este sentido, a la hipótesis de que el peronismo implica una transformación profunda de las relaciones políticas tal como existían hasta el momento en el país. Sin embargo hallaremos que el factor explicativo de dicha transformación no radica en la aparición del partido como instancia de presión en la toma de decisiones y de cooptación de voluntades sino en el carácter innovador del peronismo en la re- elaboración de los discursos políticos. Así, el carácter rupturista del peronismo no tiene que ver con la inclusión de actores preexistentes al mundo de la política sino más bien con su invención en términos discursivos. La noción de ruptura según la interpreta Laclau implica la formación de nuevos sujetos y nuevas identidades a partir de una rearticulación de las demandas. Estas nuevas formas de articulación que dan origen a nuevas identidades, no lo hacen sobre un vacío discursivo sino sobre un campo de sedimentaciones discursivas (es decir, otros discursos e identidades) que de algún modo sobredeterminan el proceso articulatorio. Lo específico del peronismo, dirá Barros, es entonces una ruptura tal en la comunidad que fuerza la re-acomodación de los contenidos y lógicas hasta el momento hegemónicas a través de la irrupción en la comunidad de “una parte que no era parte”. Ese “ser parte” o “ser tomado en cuenta” que experimentará un sector de la sociedad será precisamente el contenido que sobredetermina el nuevo proceso articulatorio equivalencial que impone el peronismo y que constituye su rol instituyente en la política. De este modo, la capacidad del peronismo de “articular esa radical inclusión, haciendo equivalentes entre si a demandas que hasta ese momento no tenían nada en común” (Barros, 2009: 16) convierte la injerencia partidaria en un efecto y no una causa de dicho proceso. Comprender, como sentencia Aboy Carlés, que “la lógica de constitución de identidades excede siempre al sistema político tal como este es generalmente abordado” (Aboy Carlés, 2001: 73) nos habilita a realizar una lectura no- literal (Barros, 2009) de las tramas políticas fundada en las sobredeterminaciones identitarias que una concepción discursiva de lo social supone. Descifrar el contenido de las mismas y sus efectos en la construcción de las identidades políticas durante el proceso de provincialización de Chubut constituirá la tarea y el desafío el presente trabajo. Partiendo de la hipótesis de una diferencia en las prácticas articulatorias en el norte y en el sur del territorio, intentaremos dilucidar los procesos específicos que dieron lugar a una reconfiguración del “discurso de la inmadurez” y el modo en que las identidades políticas locales vertebraron diferencias en la emergencia de relatos sobre la provincialización para cada zona.

CAPÍTULO II. Reconfiguración de un discurso sobre el status político-

institucional de los Territorios Nacionales.

II.1. La constitución de las identidades políticas en la Argentina

La distancia entre libertades civiles y libertades políticas existente en la Argentina durante siglo XIX, estructuró las relaciones durante ese periodo entre la sociedad y un Estado Nación que comenzaba a consolidarse generando las bases de legitimidad para un sistema político oligárquico que limitaba la participación política de grandes sectores de la población. Sin embargo, esta distinción entre formas sociales y formas políticas que primó durante el proceso de institucionalización del país encontró fin en la sanción de la ley electoral de 1902, que si bien no llegó a implementarse, dado que fue modificada antes de que se celebraran elecciones, plasmó la conclusión de una etapa (Aboy Carlés, 2001). El propio Joaquín V. González, impulsor de la reforma electoral, afirmaba:

“Hemos llegado a convencernos igualmente que existe una profunda antinomia, una profunda contradicción, de que habla un filósofo político, entre la constitución social y la constitución política. Las fuerzas sociales que dan existencia real a nuestra cultura presente, no tienen una representación formal en la ley, en cuya virtud deba hacerse práctica, o deba traducirse en forma práctica por medio del mandato del legislador” (La Reforma Electoral Argentina, 1903: 21, citado en Privitellio, 2006: 5).

Si bien la misma lejos estaba de instituir el sufragio libre y obligatorio, daba cuenta de

la preocupación por incluir a la sociedad civil en el devenir político de la nación en un intento de revertir lo que se vislumbraba como una crisis de representatividad de la clase política. En este sentido, se apuntaba, a diferencia de lo que se pensaba en el siglo XIX, a que la reforma electoral funcionara tanto como instrumento de control del faccionalismo y la corrupción del poder político, como apaciguadora del conflicto obrero (Privitellio, 2006). Lo que comenzaba a desvanecerse era la concepción alberdiana que había condensado la desigualdad del antiguo régimen con los principios igualitarios emergentes del s. XIX en lo que se conoció como la “república restrictiva”. Los principios de esta última establecían la extensión de las libertades civiles a la mayor parte de la sociedad mientras que las libertades políticas quedaban reservadas a una minoría calificada. Así, la legitimidad de este régimen político estuvo fundada en el dominio de la oligarquía como sistema de hegemonía gubernamental (Botana, 1977), dominio que no solo se desplegaba sobre la mayoría de la población sino que también alcanzaba a los sectores que cumplían un rol de oposición política, asegurándose la continuidad por medio del control de la sucesión tanto a través de la exclusión como de la cooptación de los mismos. La crisis económica y política que tendrá lugar en 1890 pondrá fin a esta hegemonía de la oligarquía en tanto se pondrán en discusión las bases fundamentales de su sistema de dominación impugnando la legitimidad del régimen político. La Revolución del Parque3 logró dividir a la clase gobernante y fomentar un nuevo tipo de organización política

3 La Revolución del Parque, también conocida como Revolución del 90, fue una insurrección cívico-militar producida en la Argentina el 26 de julio de 1890 dirigida por la recién formada Unión Cívica, liderada por Leandro Alem, Bartolomé Mitre, Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen y Francisco Barroetaveña, entre otros. Aunque revolución fue derrotada, llevó a la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman, y su reemplazo por el vicepresidente Carlos Pellegrini. Este suceso abría paso a un ciclo revolucionario que pondría en jaque la hegemonía gubernamental.

independiente de los recursos estatales a partir de la emergencia de nuevas oposiciones

que cuestionaban los valores del régimen conservador atacando el fraude y la corrupción del sistema electoral (Botana, 1977). La UCR surge en este contexto como una minoría escindida de la elite que queda excluida de del gobierno de Juárez Celman y que logra reconvertirse años más tarde en un movimiento de coalición al integrar a sus filas a vastos sectores de las clases medias urbanas. Constituida ya como principal fuerza opositora a principios del siglo XX, no encarnó un cuestionamiento contundente en el plano político-económico, sino que su crítica adquirió un fuerte tono moral que apuntaba esencialmente a los valores, la concentración de poder y las prácticas corruptas y fraudulentas del régimen conservador. Fue recién con la sanción la Ley Sáenz Peña en 1912 que la UCR comenzó a estructurarse como una alternativa al orden vigente, capitalizando la reivindicación del comicio libre en la apertura de “un espacio equivalencial de desactivación de las diferencias internas” (Aboy Carlés, 2001: 108). Es decir, que la demanda por la ampliación de los derechos políticos encarnada por el radicalismo lograba aglutinar una serie de demandas particulares creando un efecto de frontera respecto del régimen vigente al que se lo identificaba con la negación de la Constitución. Este tono moral es fundamentalmente personalizado por Yrigoyen quien, a través de su liderazgo, no sólo logra conciliar una diversidad de intereses diluyendo sustancialmente sus fuentes de fricción sino que a su vez habilita un “juego de todo o nada” frente al Régimen en el que el radicalismo se erige como la “causa” de la nación (Aboy Carlés, 2001).

“Acentuando la pretensión de representación global de la sociedad, esa alteridad sería planteada en relación a un sistema y no respecto de personas particulares, vaciando así el campo adversario de toda base

de representación” (Aboy Carlés, 2001: 100).

De este modo, el dispositivo identitario que construye el radicalismo se sostiene en la anulación del espacio de diferencias constituyéndose en tanto “hegemonismo”, es decir, en una forma particular de construcción hegemónica en donde el efecto de frontera se coloca por fuera del campo identitario, sea en la descalificación de otra formación política o en la demonización de una situación anterior (Aboy Carlés, 2001). Ambas situaciones implican la opción de un extremo irrealizable, puesto que, toda práctica hegemónica incluye por definición la presencia tanto de la lógica equivalencial como de la lógica diferencial. En su enfrentamiento contra el Régimen, la UCR se presenta entonces como la encarnación de la posibilidad de representar lo no representado, razón por la que la restitución de los derechos políticos a la mayoría de la población se revela “como la subversión de una realidad que niega la expresión de otra más profunda y legítima que pretende la representación global del espacio político nacional” (Aboy Carlés, 2001: 110). Una vez alcanzado este objetivo y arribado la UCR al poder, deberá reconvertir las bases de sus dispositivos identificatorios adaptando su pretensión hegemonista a los nuevos desafíos que suponía el ejercicio del gobierno. En este sentido, el yrigoyenismo asumirá una concepción regeneracionista de la política a partir de la cual no se concibe como una parte más del sistema político sino como la encarnación de la nación toda. Así reparación de derechos y regeneración de las bases institucionales de la representación constituyeron la base de un discurso político que, por primera vez en la Argentina, tendría alcance nacional.

En cuanto a los efectos del discurso yrigoyenista en el devenir político de los Territorios

Nacionales patagónicos existen dos perspectivas cuyas diferencias pueden estar vinculadas al anclaje particular que éste tuvo en las diferentes zonas. Para el caso de Neuquén, por ejemplo, Carrizo (2009) señala que existe una sobredeterminación reparadora de los derechos políticos de los territorianos que se expresa en su demanda por mayor representación política y una homogeneización en torno al discurso político nacional. La demanda por el sufragio y la injerencia de la política nacional en el ámbito local representarían un cambio discursivo respecto de la noción de inmadurez con la que fueron concebidos los territorios desde su creación. Barros (2003) por su parte, encuentra que en el caso del Territorio Nacional de Santa Cruz lo que prevalece durante el periodo yrigoyenista es la sobredeterminación de un discurso de reparación de tipo institucional-administrativa no necesariamente asociado a la exigencia de una ampliación de las facultades políticas de sus habitantes. Por el contrario, lo que halla el autor es una continuidad del discurso de la inmadurez que se ratifica tanto en la aceptación sin discusión de la legislación nacional –entre ella la Ley Sáenz Peña- como en la permanente apelación a la falta de preparación política, económica y social del territorio para ejercer su propio gobierno. A partir de ello Barros concluye que:

“…en las intervenciones o nombramientos de autoridades, los efectos de la política nacional en la constitución de identidades políticas locales se muestran especialmente en los conflictos sobre la aplicación de la legislación vigente en el ámbito territoriano” (Barros, 2003: 14)

El modo en el que el discurso yrigoyenista caló en los Territorios Nacionales no fue lineal, sino que la forma en que se articularon las demandas y los elementos que las sobredeterminaron tuvieron características diferentes en cada región desestimando

aquellas visiones historiográficas que hablan de un proceso homogéneo. La explicación de esta diferencia podría encontrarse tanto en la trayectoria política de cada territorio como en la lejanía/cercanía de los mismos respecto del centro político y geográfico del país. A su vez, en el intento de dar cuenta de estos procesos, las perspectivas mencionadas echan luz sobre la presencia efectiva de actividad política en los territorios así como también de la vinculación más o menos estrecha entre la política local y la política nacional. En este sentido Carrizo y Vidoz (2005) afirman:

“Siendo que las resistencias locales dirigían su descontento al poder ejecutivo que nombraba ilustres desconocidos y que estos, en el mejor de los casos, se convertían en emisarios de las demandas locales el orden nacional; cabe suponer otras interrelaciones fuera de las canales institucionales y dadas a partir de vínculos de filiación partidaria. Los actores políticos locales participaban y competían en sus municipios haciendo valer – como capital político acumulado - las influencias de sus referentes políticos nacionales. De tal manera, la política nacional y con ella sus conflictos, se manifestaban en los territorios, especialmente allí donde se podía ejercer algún tipo de gobierno, allí donde transcurría la vida política territoriana.” (Carrizo-Vidoz, 2005: 16).

Poco se ha analizado sobre este periodo para el caso del territorio de Chubut. En un estudio exploratorio, Carrizo y Vidoz (2005), analizan la presencia de los partidos políticos nacionales en el territorio y su relación con los grupos políticos locales en un intento de dar cuenta sobre aquellos espacios de imbricación entre lo local y lo nacional. Concluirán que, contrariamente a lo que expresan por ejemplo Bona y Vilaboa (2007) sobre la falta expresiones políticas nacionales que llegaran a conformar identidades fuertes, existían ya para este momento vínculos institucionales y extra institucionales con los partidos nacionales que traccionaban de algún modo elementos identitarios. Tal como señalan los autores, resulta necesario avanzar en un análisis más exhaustivo de las relaciones entre las fuerzas políticas locales, territoriales y nacionales que permitan formular hipótesis específicas acerca del comportamiento político en el Territorio de Chubut. El presente trabajo procura significar un aporte en tal sentido. En relación a lo desarrollado a lo largo de este podemos concluir, siguiendo a Aboy Carlés, que la conformación de las principales identidades políticas en la historia Argentina previa a 1983, está ligada a la ampliación del sistema político y a la inclusión, a través de movimientos abruptos, de actores a la política. Este será uno de los principales puntos de continuidad entre el yrigoyenismo y el peronismo, quienes a través de la negación del adversario y la apelación a una representación universal que permitió un borramiento de las diferencias internas lograron una identificación con la nación que constituyó efectos de frontera dentro del escenario político nacional. En este esquema, el liderazgo aparecerá como un factor fundamental dentro del proceso de construcción de las identidades políticas, que si bien tendrá especificidades para cada caso tendrá como elemento común el efecto de representación en tanto cerramiento parcial de una superficie identitaria. Veremos a continuación cómo dicha construcción identitaria se procesó en el territorio de Chubut durante la discusión respecto de la Reforma de la Ley Orgánica de Organización de los Territorios Nacionales.

II.2. El discurso hegemónico de la inmadurez en los territorios

Si, como venimos diciendo, el acceso a las representaciones de una identidad sólo se alcanza a través del análisis del campo de la discursividad, entendiendo al discurso como la serie de relaciones lingüísticas o extralingüísticas que dan significado a la vida comunitaria (Barros, 2009), es preciso comprender que para acceder a dichas representaciones resulta relevante atender tanto al momento de la producción como a las condiciones de recepción del discurso en tanto la articulación no es independiente ni de uno ni de otro. Es decir, “sólo será posible acercarse a la complejidad de un proceso de construcción de identidades si, además de dar cuenta de las gramáticas de producción del discurso político, se generan estrategias de análisis de las gramáticas de reconocimiento” (Retamozo, 2010: 11). La posibilidad de que un discurso devenga hegemónico dependerá entonces de su efectividad en tanto capacidad de interpelación. La ley 1532 constituye un hito en tanto implica la decisión del Estado argentino de incorporar no sólo territorialmente sino también políticamente a la Patagonia dentro de su territorio. Luego de la Campaña del Desierto -que implicó la desestructuración de los territorios controlados por las sociedades indígenas del sur-, una de las primeras acciones estratégicas que el Estado emprendió respecto de esta zona, la Ley de Organización de Territorios Nacionales cristalizó un nuevo reordenamiento político, jurídico y territorial. La ley que fundaba los nueve Territorios Nacionales, sancionada el 16 de octubre de 1884, establecía que cuando un territorio alcanzase los sesenta mil habitantes constatados por censo tendría derecho a ser declarado provincia argentina, siendo sus nuevos límites demarcados por el Congreso. Respecto al gobernador, establecía que éste sería designado por el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado durando tres años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser

reelecto y teniendo el Poder Ejecutivo la facultad de exonerarlo de su cargo. En relación

a los deberes y atribuciones de dicho cargo especificaba que su figura constituía la autoridad local superior, encargada de velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones nacionales. Entre sus funciones se encontraban las de dictar reglamentos y ordenanzas convenientes para la seguridad, administración y fomento del territorio, proponer las medidas necesarias para la percepción de la renta, vigilar el cumplimiento de los contratos celebrados por particulares con el Poder Ejecutivo, nombrar los jueces de paz de los distritos o secciones que tengan menos de mil habitantes y proponer los empleados de la Gobernación, cuyo nombramiento correspondía al Poder Ejecutivo. Los jueces de paz en aquellos distritos cuya población superase los mil habitantes, serían elegidos directamente por el pueblo. Dichas secciones tendrían a su vez, derecho a elegir un Consejo municipal, compuesto por cinco miembros entre los que se nombraría un presidente encargado de mantener el orden en la discusión y representar al Consejo en sus relaciones oficiales. Serían atribuciones del Consejo convocar al pueblo para la elección de municipalidades y jueces de paz, establecer impuestos puramente municipales, administrar bienes y caudal municipal, nombrar un tesorero y ordenar las obras públicas vecinales. En el caso de las gobernaciones cuya población alcanzase los treinta mil habitantes se establecería una legislatura que funcionaría tres meses en el año. Ésta estaría formada por los delegados de los distritos municipales a razón de uno por cada dos mil habitantes y por cada fracción que no baje de mil quinientos. Durarían tres años en el ejercicio de sus funciones y se renovarían por terceras partes cada año. El estatus político de los territorios es concebido a partir de esta ley desde una perspectiva evolucionista que supone la necesidad del tránsito por determinadas etapas para la adquisición de las aptitudes necesarias para el ejercicio del autogobierno. La noción de inmadurez, como justificación de la misma, se instala, hacia finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del s. XX, como parte de un discurso hegemónico en el que la distancia que los separa del centro político del país constituye uno de los sustentos para la restricción de los derechos políticos de sus habitantes. Este discurso sobredeterminará tanto el accionar de sus instituciones como los imaginarios, representaciones y formas de sentir de los territorianos. Es así que el discurso sobre la minoridad de los territorios, enunciado a nivel nacional y replicado a nivel local, redunda en una configuración particular de las demandas sociales que adquieren una lógica diferencial. Tal como lo plasman en sus trabajos Barros (2003, 2007, 2009) y Carrizo (2009 y 2010) el discurso de la inmadurez sobredeterminó de modos diferentes las articulaciones que se dieron en los distintos Territorios. Como ya hemos mencionado, para el caso de la Norpatagonia existe una sobredeterminación reparadora de los derechos políticos que se expresa en su demanda por mayor representación política a la cual se asocia con una mayor nacionalización de la política local, en la Patagonia central, en cambio, parece acentuarse una demanda por la legalidad de una elección y no por la enmienda de un derecho vulnerado, a la vez que se demanda al Estado la solución eficiente y expedita de problemas institucional-administrativos. “Esta primera forma en que actúa esa externalidad, el Estado federal en relación a las identidades territorianas, es una forma que enfatiza la diferencia de cada una de esas identidades articuladas, que quedan atrapadas en su propia particularidad” (Barros, 2009: 3). Existe asimismo una permanente situación de “auditoría” ante la cual los territorios deben rendir cuentas de su progreso. Los hechos que contradicen esta lógica son sancionados por la opinión pública estructurada en parte desde los medios de prensa. Un ejemplo de esta situación se refleja en una nota del diario en donde a raíz de una denuncia de corrupción hacia el intendente de Trelew se sentencia: “Poco edificantes resultan estos episodios en la administración de los intereses del vecindario. Las breves

lecciones tienen un gran valor si los vecindarios saben asimilarlas” (El Chubut,

26/03/54). A su vez, el progreso, que constituye una referencia permanente frecuentemente asociado a la idea de un proceso de aprendizaje por parte de los territorios. En este sentido, los municipios son considerados como “escuelas de democracia, la experiencia como “la mejor Universidad”, confluyendo en este punto la visión evolutiva y la perspectiva institucionalista de la política. Solo el tránsito progresivo y enmarcado dentro de las instituciones prefijadas por el Estado Nación garantiza la madurez de los pueblos para organizarse políticamente y bajo esa inscripción debe ser escrita y leída su historia. “La experiencia que al decir de algunos es la mejor Universidad, nos está dando a los habitantes de los territorios elocuentes lecciones” (El Chubut, 28-01-54). Hacia fuera, los medios actúan como vidriera del progreso de los territorios frente a la opinión pública local como nacional. Hacia adentro, marcan de algún modo las pautas necesarias para dicho progreso y reprenden las acciones y prácticas que los alejan de los mismos:

“Los territorios nacionales, tanto los del norte como los del sur, se van colocando a un nivel de importancia económica y demográfica muy señalado. Las estadísticas, que son el barómetro más autorizado para las comprobaciones, señalan cifras sorprendentes, que están superando a muchas provincias. Acá en el sur tenemos ante nosotros pruebas muy evidentes de eso, pues comenzando por Río Negro y terminando en la Gobernación Marítima de Tierra del Fuego, el progreso es tal que llega a lo sorprendente” (El Chubut 10-04-54).

El referido discurso de la inmadurez fue trasladado por la historiografía dedicada al

estudio de los Territorios Nacionales a sus argumentaciones como explicación del la persistencia en la restricción de los derechos políticos a sus habitantes. Estas visiones deterministas e institucionalistas de la política territoriana, han hecho hincapié en que lo específico de los territorios es su condición de “todavía no ser lo que deben ser” (provincia, sociedad, Estado-Nación, ciudadano, clase social, etc.) (Barros, 2003). Barros señala que esta perspectiva tiene como fundamento el concebir que no existe política si no es a través de la intervención del Estado y de la existencia de una vida partidaria plena. La consecuencia analítica de dicho presupuesto ha sido pensar a los territorios como espacios no politizados. No es la referida falta de una institucionalidad democrática y las prácticas ciudadanas que esta conlleva lo que conduce a generar determinado tipo de demandas en la población sino que son los discursos generados en torno a esa “falta” los que sobredeterminan la forma de articulación política que prevalece en los territorios durante esta etapa. Es así que un discurso que deviene hegemónico sobre la minoridad de los territorios enunciado a nivel nacional y replicado a nivel local redunda en una configuración particular de las demandas sociales que adquieren una lógica diferencial. Frente a esto, proponemos la instrumentación del análisis político del discurso como la herramienta que nos permitirá redimensionar el estudio de la política en el territorio de Chubut a partir de la deconstrucción de los efectos sobredeterminantes del discurso (Barros, Identidades) y el análisis de los sujetos en estrecha relación con el momento de lo político (Retamozo, 2009).

II.3. Hacia la elaboración de un discurso de la madurez

La situación particular que atraviesa el Territorio Nacional de Chubut es la de haber sufrido en el año 1944 la división de su territorio en dos unidades político administrativas diferentes. El 31 de mayo de dicho año se crea a partir del Decreto-Ley N° 13941 la Zona Militar de Comodoro Rivadavia o Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia bajo la presidencia de facto de Edelmiro Farrell. Para conformar esta zona les fueron segregados a los entonces territorios nacionales del Chubut y Santa Cruz -cuyos límites originales habían sido fijados en octubre de 1915- 55.418 km² y 42.330 km² respectivamente. A través de esta disposición el territorio de Chubut no sólo perdía una porción importante de su territorio sino la disponibilidad de un recurso económico fundamental, la extracción de petróleo. Esta división constituye un hito fundamental dentro del argumento que desarrollaremos a lo largo del trabajo dado que acarreará consecuencias importantes a nivel político, económico y social para cada una de las zonas. Entre ellas identificamos la emergencia de un proceso de politización, en tanto proceso de identificación, a partir del cual se edificarán identidades políticas diferentes. En el presente capítulo analizaremos específicamente el modo en que la referida diferencia en la estructuración del campo discursivo dentro estas dos zonas influirá en la enunciación de los discursos que se elaborarán en torno tanto al proyecto de reforma de la ley 1532 como de la provincialización, haciendo énfasis en aquellas prácticas sedimentadas configuradoras de sentido que intervienen en dichos procesos. Tanto para la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia como para el Territorio de Chubut, el Estado cumplió un rol tutelar definido por la condición de minoridad con la que eran concebidos los territorios. Este estatus, como ya hemos advertido, se cristalizó tanto en una prolongación de una situación de restricción de los derechos políticos de

sus habitantes como en la configuración de un determinado sistema de posicionalidades

sociales. Como afirmamos en el capítulo I, las posicionalidades dentro de una comunidad se organizan y categorizan en torno a la institución de un discurso hegemónico que define quienes poseen legitimidad para nombrar lo común dentro de la heterogeneidad. Dicho sistema de posicionalidades, que cobra objetividad a partir de cierta regularidad, logra estructurarse como discurso sedimentado y actúa como plataforma para las identidades políticas locales. Asimismo, las posiciones sociales así definidas, implican una distribución espacial en la que son ponderadas y jerarquizadas las cualidades y funciones de los sujetos. Esta dimensión espacial de la discursividad política se cristalizó en el Territorio de Chubut, como señala Barros, en una división de tareas entre la zona norte y la zona sur donde “la zona sur de la provincia del Chubut en la Argentina, caracterizada por la explotación petrolera, es percibida como una “zona de trabajo” que no “tiene tiempo para la política”, actividad que se desarrolla en la zona norte de la provincia donde se encuentra la capital” (Barros, 2011: 11). Si bien no abordaremos este aspecto en el análisis, advertimos que constituye una dimensión interesante para futuras investigaciones. Analizaremos a continuación el modo en que los conflictos y disputas generados en torno al debate por la reforma de la ley de territorios posibilitaron la emergencia de formaciones discursivas novedosas. En el proceso de militarización de la zona de Comodoro Rivadavia, el discurso de la inmadurez jugó un rol fundamental dado que generó las condiciones necesarias para la institucionalización de dicha estructura. El impacto de la Segunda Guerra Mundial y la latencia de un conflicto en la frontera configuraron los argumentos geopolíticos y de defensa de recursos estratégicos para su implementación.

La Gobernación Militar obtuvo amplias facultades de gobierno que excedían a las

establecidas por la Ley 1532 para los Territorios Nacionales. La población perdió las ya restringidas libertades políticas de las que gozaban bajo el gobierno territoriano como eran las de elegir autoridades comunales y jueces de paz en aquellas localidades que superaban los mil habitantes, pasando ahora éstas a ser atribuciones del gobernador. El discurso de la inmadurez será reforzado en la Gobernación Militar, dirá Carrizo (2010), por la emergencia de otro discurso hegemónico, el de la militarización. Dicho discurso, anclado en la legitimidad que poseían las Fuerzas Armadas en la Patagonia por ser consideradas “como elemento civilizador, como aporte al progreso espiritual y económico, como factor de bienestar social, como substancia demográfica e influencia cultural, como garantía de resguardo de un espacio rico en recursos naturales y como custodia de la unidad nacional” (Carrizo, 2009: 7), estará definido en un comienzo por un exterior constitutivo dado por un enemigo externo y luego por un enemigo interno: el comunismo y la conflictividad obrera (Carrizo, 2010). Para la zona de Comodoro Rivadavia el periodo de la Gobernación Militar significó un tiempo de progreso económico y desarrollo de obra pública. En los discursos locales esta bonanza económica opacó los reclamos por la autonomía política. Estos últimos emergieron recién hacia mediados de los 50 cuando la posibilidad de la provincialización comenzó a ser esgrimida por parte del Estado. La realización en Comodoro Rivadavia de una “Reunión de zonas poco desarrolladas” organizada por la Confederación General Económica en la que se trataron fundamentalmente problemáticas relacionadas con la región patagónica da cuenta del sentido que le es asignado a esta región desde el Estado. “La verdad es que la Patagonia es motivo de grandes preocupaciones oficiales y de la gente de empresa, puesto nadie ignora ya que constituye la gran reserva material del país” (El Chubut, 25/06/54). Esta

doble valoración, por un lado como zona desprotegida y vulnerable, y por otro, como

reservorio económico de la nación constituye la gran tensión que atraviesa los sentidos en torno a los que se define a la Patagonia y sus Territorios Nacionales. Tanto uno como otro funcionan como modo de justificación de políticas de protección y defensa a la vez que autorizan la continuidad de la restricción de los derechos políticos de sus habitantes. Esta restricción no se fundamenta en las capacidades de los habitantes sino que está determinada por el lugar donde éstos habitan, ya que como hemos mencionado anteriormente, si estos mismos pobladores se trasladaban a alguna provincia gozaban de derechos políticos plenos. Así, la lejanía de las tierras patagónicas respecto del centro político es asociada a la falta de civilidad y cultura política. Las riquezas económicas de la Patagonia así como la capacidad de discernimiento político de sus habitantes aparecen mencionadas en los medios locales siempre en un estado de potencialidad. La falta de desarrollo de los recursos económicos, destacados por su calidad y disponibilidad, es frecuentemente vinculada a la escasez de mano de obra para su explotación:

“…la Patagonia tiene riquezas especiales propias que llaman el brazo fuerte para explotarlas: carbón, hierro, petróleo, lanas y maderas (…) Esas condiciones existen solo en mínima parte, por eso la Patagonia es considerada zona poco desarrollada y en su progreso inmediato y futuro se afanan muchas mentes (…)La reunión de Comodoro Rivadavia y la que se proyecta realizar en La Rioja, dirán hasta que punto los patagónicos son capaces de proveer su propio futuro y hasta que punto son capaces de poner los cimientos de un gran desarrollo” (El Chubut citado en diario Jornada, 25-06-54).

El incremento de la intervención estatal también fue sentido por el Territorio de Chubut, que no obstante haber perdido, de la mano de la creación de la Gobernación Militar, su mayor recurso económico, logró una recuperación importante luego de un periodo de crisis profunda a través del las medidas proteccionistas que implementó el peronismo. Así, una política de mayor control sobre importaciones y exportaciones favoreció el mercado lanero y la migración de población rural a áreas urbanas, redundando esto último en la diversificación y ampliación del sector de servicios. De todos modos, la pérdida de la zona de Comodoro Rivadavia es vivida por los chubutenses como una pérdida no sólo económica sino también política en tanto sobrevuela la sensación de que las políticas del estado nacional se focalizaron en el área petrolera y desatendieron al resto, en particular la zona de poblamiento originario, el VIRCh (Ibarra, 2006). A su vez, la creación de la Gobernación significó un notable impacto demográfico, dado que para 1944 Comodoro Rivadavia ya tenía una población que superaba los 50 mil habitantes. Esto implicaba que Chubut dejaba de cumplir con el requisito numérico que la ley 1532 imponía para la provincialización. Más allá de este aspecto legal, la división del territorio es leída por los habitantes del Territorio de Chubut como una regresión en la senda de progreso que los llevaría finalmente a la autonomía. En este sentido, y frente al proyecto de una nueva división del territorio entre la zona este y la zona oeste de Chubut4, el presidente de la Cámara de Industria y Comercio del este del Territorio declara:

4 El proyecto de subdivisión del Territorio de Chubut preveía la creación de un nuevo territorio a partir de cuatro departamentos del oeste: Cushamen, Languiñeo, Futaleufú y Tehuelches al que se denominaría Esquel. A su vez, el mismo proyecto establecía que Río Negro, sin el valle superior que pasaría a Neuquén y sin la zona de los lagos, pasaría a llamarse José de San Martín. Por último formulaba que la parte sur de Neuquén, conjuntamente con el oeste de Río Negro, hasta el paralelo 42, formaría un nuevo territorio bajo el nombre de Los Lagos.

“Sus antecedentes históricos y su origen favorecen la unidad territorial. La desmembración alejarían aún más las posibilidades de alcanzar el rango de provincia, al cual nos veníamos acercando a pasos agigantados. Ya sufrimos un duro golpe con la creación de la gobernación militar que tanto empobreció a Chubut” (Jornada, 22-1054).

Dicho proyecto, que adquirió significativa trascendencia durante el año 1954, surge a partir de un artículo de la reforma de la ley de orgánica de Territorios Nacionales que facultaba al poder ejecutivo para realizar “una nueva distribución, teniendo en cuenta necesidades administrativas, de agrupamiento económico y facilidad de comunicaciones” (Jornada, 31-5-54) de los territorios. Este punto abrió en Chubut un acalorado debate entre quienes estaban a favor y quienes estaban en contra de la subdivisión. Dado que la capital administrativa y económica se encontraba ubicada en la zona del VIRCh, los perjudicados por la implementación de una división como la que se proponía serían aquellas localidades ubicadas en el sector oeste, carente de una estructura económica y administrativa sólida. Del lado de quienes veían la división como una medida favorable, el argumento giraba en torno a que el territorio tal como había sido establecido por la ley 1532 no constituía una unidad ni económica ni social. Una menor extensión y una mayor cercanía a las problemáticas locales harían, en su opinión, más viable el progreso de ambas zonas. Así lo expresaba un dirigente peronista de la ciudad de Trelew:

“Mi concepto es que es preferible ser cabeza de ratón que cola de león y por ello me parece mejor un pequeño territorio con cierta autonomía que una provincia pobre casi mendigante. Resueltos los problemas

económicos y adquirida la independencia y potencialidad en ese sentido, recién podríamos aspirar a ser una provincia” (Jornada, 16-1054).

Finalmente el proyecto de ley no tuvo curso pero la discusión cristaliza las diferencias internas y evidencia, una vez más, evidencia como la provincialización aparece definiendo el horizonte de sentido ante cada hecho político. A diferencia de lo que sucede en la Gobernación Militar, en el Territorio de Chubut existen ciertas libertades políticas fijadas en principio por la ley 1532, y ampliadas en 1949 por la nueva constitución que permitió a los territorios participar de la elección de del presidente y vicepresidente de la Nación, por lo que el debate político tiene mayor presencia en el espacio público y las identidades políticas nacionales tienen mayor visibilidad en la dinámica política local. En este contexto, las transformaciones que introducirá el peronismo operarán sobre la base de estas sedimentaciones simbólicas, que si bien tienen una base común sobredeterminada, como dijimos, por el discurso de la inmadurez, poseerán especificidades en cada uno de los territorios estudiados. Estas especificidades responden a la historia política y social de los mismos y fundamentalmente al modo en que se estableció a través del tiempo su relación con el Estado, vínculo performativo de cualquier identidad política. Rastrear los recorridos de estos procesos de identificación, implica romper con aquellas visiones que toman la literalidad como dato y no como objeto de estudio. Examinaremos en el próximo apartado los modos en que los habitantes de los territorios y la prensa local significaron los hechos.

II.4. La reforma de la ley 1532

Desde principios del siglo XX fueron presentados ante el Congreso Nacional numerosos proyectos que tenían por fin la modificación del status jurídico institucional de los Territorios Nacionales. Sin embargo:

“Ni las propuestas de reforma ni los proyectos de provincialización fueron sancionados e incluso algunos no llegaron siquiera a debatirse en el Congreso Nacional. Esto mostraría cierto desinterés por parte del Estado Nacional por alterar la persistente situación de subordinación de los Territorios Nacionales con respecto a los gobiernos centrales de turno, o a modificar las relaciones de fuerza electoral del momento.” (Carrizo, Yirigoyenismo: 3)

Durante las décadas del 30 y el 40 la política en los territorios estuvo supeditada a la dinámica local, lo que no significó, no obstante, que la política nacional no tuviera incidencia en la vida política de los mismos. En algunos lugares más que en otros, la política nacional logró penetrar y provocar efectos en las lógicas institucionales y en la estructuración de los lazos políticos a nivel local. Sin embargo, será a partir de la posibilidad abierta con la reforma constitucional de 1949 que se inicia un proceso de ampliación de los derechos políticos de los habitantes de los territorios que será acompañado por una intensificación de la movilización política y la actividad partidaria (Ruffini, 2005; Bona-Vilaboa, 2007). Dicho proceso avivará los reclamos por la postergada autonomía política de los territorios generando renovados discursos en torno a ésta.

Las interpretaciones que se han elaborado desde la historiografía patagónica respecto de

la provincialización de los Territorios Nacionales han postulado que esta ha respondido al intento del peronismo por ampliar su caudal electoral frente a un contexto político que comenzaba a tornarse adverso. Estas perspectivas, como ya hemos desarrollado en el capítulo uno, omiten los procesos de identificación que han tenido lugar durante este proceso, y que tiene por eje a la noción de identidad como el conjunto de prácticas sedimentadas que configuran sentido no como intencionalidad de un sujeto sino como la significación que una acción adquiere para un colectivo que la interpreta (Aboy Carles, 2001). En tal sentido, la politización no se dio a partir de la captación de voluntades a través de la ampliación del aparato administrativo del Estado sino a partir de la inclusión dentro del discurso político de actores que hasta el momento se encontraban excluidos. La búsqueda ampliación de las lealtades políticas, como advierte Barros, no es una práctica exclusiva del peronismo, sino que es parte inherente de lo político que requiere necesariamente de la suma de lealtades para constituirse en tanto discurso legítimo. Por lo tanto, no podemos buscar la explicación del proceso de politización de la sociedad durante el peronismo en este tipo de argumentos. Por el contrario, debemos indagar en las implicancias que este radical proceso de inclusión de actores tuvo para la dinámica política territoriana. Recientemente el debate acerca del carácter histórico de los Territorios Nacionales ha recibido aportes que apuntan a redimensionar el análisis de los mismos proponiendo en juego renovadas herramientas de análisis que ponderan el estudio de las identidades políticas como eje fundamental para la comprensión de las dinámicas políticas. Los autores que han encarado esta tarea (Barros, Carrizo) han puesto en jaque las narrativas deterministas e institucionalistas sobre la formación del estado, coincidiendo que es un discurso sobre la inmadurez moral y política que deviene hegemónico el que explica la

realidad política específica de los Territorios Nacionales. Siguiendo esta matriz de

interpretación es que diremos que la provincialización no será el resultado de un proyecto expansivo del peronismo, sino que la misma tendrá lugar en un contexto de emergencia de un discurso sobre la madurez política de los territorios que será el resultado de una forma particular de articulación política por parte del peronismo de las demandas expresadas por los territorianos. Sólo a través de una visión relacional de la política es que podremos comprender su aspecto de contingencia y su capacidad instituyente dentro de lo que denominamos el campo de la discursividad social. Tal como afirma Carrizo (2010), el tratamiento por parte del Estado Nacional de los temas relacionados con la vida institucional de los Territorios estuvo signado por su discontinuidad. Sin embargo, en el marco del contexto recién mencionado de ampliación de los derechos políticos a partir de la reforma constitucional es que emergerán una serie de proyectos para reformar la Ley de Organización de Territorios Nacionales n° 1532. La posibilidad de esta reforma no sólo interpelará a los Territorios Nacionales, sino también a las Gobernaciones Militares, en tanto comenzará a discutirse la pertinencia de dejar sin efecto bajo la misma la militarización de estas zonas. A su vez, se provincializarán en 1951 de los territorios de Chaco y La Pampa, y en 1953 el de Misiones, pudiendo elegir éstos delegados parlamentarios y presidente. Dichos avances en la obtención de derechos políticos, irán forjando entre los territorianos la percepción de sí mismos como espacios ya maduros para el autogobierno. Es así como comienzan a aparecer en la prensa, que ocupará un rol central en la instalación local y nacional del debate, denuncias respecto de las atribuciones políticas de los territorios como la siguiente: “Todos sabemos que se trata de organismos anacrónicos creados hace setenta años para satisfacer las necesidades institucionales de entonces, pero completamente inactuales a esta altura del siglo”

(Jornada 30-03-54), en la que se hace referencia al status institucional de las Comisiones

de Fomento. La cuestión sobre el anacronismo de las estructuras políticas territorianas y el atraso en materia de derechos políticos de sus habitantes se torna una referencia cada vez más recurrente en donde la opción de la reforma de la ley parece estructurarse como la solución para un sector importante del arco político local:

“La reforma de la ley se hace indispensable en este rubro. Las comisiones de fomento deben ser investidas de atribuciones amplias, para que se constituyan en factores de verdadero progreso en su respectivo medio. Los pueblos avanzan pero el sistema de gobierno que tienen se ha quedado estancado. Ha llegado el momento de sacarlos de ese estancamiento, para que el sistema institucional, marche acorde con la iniciativa privada” (Jornada 30-03-54)

En el proyecto presentado por diputados peronistas que finalmente tiene curso parlamentario si bien se mantiene el criterio numérico para el acceso a mayores facultades5, el mismo es reemplazado por un criterio cualitativo para el caso de la posibilidad de provincialización quedando establecido que “El territorio nacional con medios económicos que permitan su autonomía de administración y gobierno, que puedan atender a las necesidades del régimen de justicia y educación, podrá ser declarado provincia mediante una ley del Congreso de la Nación” (Jornada, 09-07-54). A esta última cláusula quedaban sujetas también las Gobernaciones Militares, aunque quedarían excluidas de la ampliación de derechos contenidos en la Reforma.

5 Aquellos Territorios que alcanzaran los veinte mil habitantes, podrían elegir un gobernador y vice gobernador, tendrían una legislatura regional integrada por 16 diputados, un régimen municipal amplio y el gobernador sería asistido por tres secretarías reglamentadas por la legislatura. A su vez, el gobierno nacional continuaría percibiendo los impuestos nacionales y proveyendo los gastos de los territorios con los fondos de ley.

Cabe señalar en esta instancia, que la propia emergencia de un discurso sobre la

madurez política de los Territorios Nacionales está sobredeterminada asimismo por el discurso de la inmadurez por dos cuestiones. Por un lado, observamos que la propuesta que cobra más fuerza desde un principio entre los territorianos es la de la Reforma no la de la provincialización, a la que suele ubicarse como un estadío posterior. La reforma aparece así como la opción más adecuada en tanto se concibe como una etapa necesaria en el desarrollo requerido para la autonomía. De esta forma lo expresa el Diario Jornada:

“Desde ya que el régimen nuevo ha de ser implantado por etapas. No se puede dar todo de golpe, porque nunca sale nada bueno de las cosas atropelladas. Y descontamos la capacidad de los habitantes sureños para gobernarse por sus propios medios y con sus propios hombres” (Jornada, 20-05-54)

Como se observa en esta cita existe una convivencia entre la perspectiva evolutiva de la política, que supone la necesidad de atravesar sucesivas instancias para alcanzar la facultad del autogobierno, y la idea de una población ya madura para darse así misma ese gobierno.

“Hay que decir sin eufemismos que no se trata de una provincialización. Se trata, sí, de un ensayo y de una prácticas con miras a una futura provincialización; algo así como la enseñanza de los primeros pasos en la vida cívica de un estado cuya autonomía

tendrá que conquistar con el aumento de habitantes y con una

buena administración” (Jornada 07-06-54).

La desconfianza parece estar depositada por otro lado en la disponibilidad y en la capacidad de los dirigentes políticos locales para ejercer las funciones correspondientes a un régimen como el de las provincias. Por lo que la dilatación de la provincialización se atribuye a la necesidad de formar a través de esas “escuelas de democracia” a una clase política acorde a los requerimientos institucionales de una provincia, tal como se expresa en la siguiente cita:

“Estos hombres no se improvisan. Hay que formarlos en la acción diaria, mediante el ejercicio de un ideal sano y con la constante vigilancia del pueblo, único juez de todo gobernante en un país como el nuestro, que se rige por el sistema democrático. Por eso decimos que la reforma de la ley 1532, es oportuna porque será un ensayo adecuado para formar un plantel de gobernantes, para el día en que “el territorio nacional con medios económicos que permitan su autonomía de administración y gobierno, que puedan atender a las necesidades del régimen de justicia y educación, podrá ser declarado provincia mediante una ley del Congreso de la Nación que fijará el camino a seguir. Desde ya, hay que pensar en aprender y aprender bien. La nueva organización de los territorios nacionales, debe seguir de escuela, nada más que de escuela y nunca como trampolín para llegar a

posiciones bien rentadas. Ganaríamos todos si se formara

conciencia en ese sentido” (Jornada 14-06-54)

Una vez más aparece la referencia a un pueblo maduro, “único juez de todo gobernante”, capaz de ejercer la vigilancia ciudadana propia del régimen democrático pero incapaz aún de ejercer plenamente las funciones de representación que dicho régimen exige. Por otro lado se insinúa la importancia de evitar recaer en los “vicios” de la política motivo por el cual la idoneidad de los representantes elegidos resulta fundamental. Así se expresa lo antedicho en una nota publicada por el diario Jornada titulada “Los hombres que Chubut reclama”:

“Una vez sancionada la nueva ley orgánica de territorios nacionales, habrá que darse a la tarea de poner en los nuevos organismos a los mejores ciudadanos para que, con su experiencia, su honestidad y su amor por el terruño, demuestren en la práctica, que la confianza depositada en los territorios al otorgársele derechos que antes no tenían, se justifica ampliamente. No pretendemos, por cierto, que los partidos políticos dejen a un lado a sus hombres dirigentes. Queremos si, que esos dirigentes sean hombres compenetrados con el medio, de arraigo en el territorio, conocedores de los problemas y capaces de darles solución” (Jornada 02-08-54).

El otro aspecto que manifiesta, como dijimos, la sobredeterminación del discurso de la madurez por un discurso evolucionista es la importancia que se asigna a los Comisionados Municipales o Comisiones de Fomento en tanto espacios maduros para la reforma. En este sentido, se manifiesta recurrentemente la relevancia de este nivel gubernamental como el espacio legítimo de la actividad política territoriana. Si bien es real que representan la instancia de mayor proximidad entre el pueblo y la dirigencia política, el acento puesto en el empoderamiento de estos espacios parece estar vinculado, en el caso del Territorio de Chubut, a que éstos son concebidos, de la misma forma en que es concebida la aplicación de la reforma, como el inicio de un desarrollo gradual de la autonomía. Lo que se aprecia es que en el despliegue progresivo de las facultades representativas de los territorianos, los Municipios, aparecen como el primer eslabón a democratizar. Dado que durante la vigencia de la Ley 1532 las localidades de más de mil habitantes elegían sus autoridades locales, se halla ya en el imaginario colectivo la percepción de que en estos lugares existe una ya práctica política que habilita una autonomía al menos parcial. Es desde la significación asignada a este punto que la prensa aclara:

“Lo que más interesa de la nueva ley que se proyecta, es el régimen municipal. No es la legislatura ni la gobernación la que prima en la vida de los pueblos territorianos. Es en el municipio donde comienza en realidad la vida cívica del pueblo. Por eso tenemos especial interés en conocer los detalles del sistema que se desea implantar, no sólo para informar sino para analizarlo y someterlo a juicio de los ciudadanos sureños quienes tienen en este asunto principal interés” (Jornada, 20-05-54).

El especial interés depositado en este punto de la reforma, como dijimos, reafirma una idea de gradualidad que no sólo debe ser atendida desde su dimensión temporal sino también desde una dimensión de escalas de representación. Así concebido, el Municipio es entendido como el primer paso en un esquema de otorgamiento progresivo de libertades y aprendizaje político que concluye con la provincialización. A su vez este discurso puede leerse como una estrategia política en el marco de la lucha por la obtención de la autonomía. No deben entenderse, sin embargo, como sentidos excluyentes. Dado que como ya hemos manifestado, la noción de identidad refiere a un conjunto de prácticas sedimentadas que configuran sentido entendiendo a éste último no como intencionalidad de un sujeto sino como la significación que una acción adquiere para un colectivo que la interpreta (Aboy Carles, 2001). No obstante, los posicionamientos no fueron unívocos. La discusión previa a la sanción de la ley 14.315 que derogaba la ley 1532 introduciendo reformas en el funcionamiento administrativo, político y legal de los Territorios Nacionales, suscitó la emergencia de dos posturas enfrentadas. Por un lado, estaban quienes concebían, como ya hemos señalado, la posibilidad de la reforma como una instancia más en el proceso de aprendizaje político necesario para la posterior implementación de derechos políticos plenos, y quienes por otro, propiciaban la provincialización directa de los territorios y la supresión de las Gobernaciones Militares, restituyendo a los Territorios sus límites originales. Durante el debate parlamentario sobre la reforma, estas dos posturas fueron encarnadas por el peronismo y por el radicalismo respectivamente. Así lo expresaba el diario Jornada en una nota:

“Mientras que la mayoría otorga, como un paso más hacia la

provincialización, una autonomía limitada a las gobernaciones, la

minoría propicia la declaración como provincias de Formosa, Neuquén, Río Negro y Chubut y que se deje sin efecto la creación de la

Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, restableciendo los límites anteriores al territorio de Chubut (…) La iniciativa del sector peronista contempla la posibilidad de que los territorios vayan adquiriendo la práctica suficiente para regirse en forma autónoma, y es así que se establece un sistema de gobierno electivo, legislatura, un régimen municipal, y la posibilidad legal de que las gobernaciones se conviertan en provincias” (Jornada, 27-07-54).

De este modo, mientras el peronismo como sector mayoritario dentro del Parlamento sostenía la necesidad de postergar el otorgamiento de una autonomía plena, el radicalismo propiciaba la provincialización inmediata de todos los territorios, incluyendo a la Gobernación Militar:

“La minoría radical propicia directamente la provincialización de los territorios de Formosa, Neuquén, Río Negro y Chubut, y que se deje sin efecto la creación de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, restableciendo los límites anteriores al territorio de Chubut. La iniciativa de los legisladores de la Unión Cívica Radical contempla asimismo la sanción de las respectivas constituciones para esas provincias y la elección de sus autoridades sesenta días después de promulgada la ley” (Jornada, 20-07-54).

Si bien el radicalismo tuvo expresiones de rechazo hacia el proyecto de reforma tanto en el Congreso como en las localidades territorianas, una de las críticas más duras al mismo tuvo lugar en la Gobernación Militar dado que la reforma no preveía cambios en su estatus jurídico. En una nota publicada durante el tratamiento parlamentario de la ley de reforma, el reconocido escritor y figura del radicalismo local, Asencio Abeijón, criticaba duramente la exclusión de la Gobernación de Comodoro Rivadavia de dicho proyecto:

“En su aspecto general, el proyecto contiene fallas fundamentales (…) sólo cabe referirse al más vulnerable de todos, o sea al que excluye del principal derecho (un derecho constitucional) el de darse su propio gobierno, a la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, cuyo padrón sobrepasa en más de cuatro mil el número de inscriptos que requiere el proyecto en cuestión, para ser incluido en sus beneficios. ¿Por qué motivos se excluye de tan sagrado derecho a esos miles de argentinos que, en lo que atañe a deberes para con la Nación están a la par del resto de los ciudadanos? ¿Por qué no se equiparan nuestros derechos con nuestros deberes?” (Chubut, 16-06-54).

En sus declaraciones no aparece sin embargo la noción de madurez como el elemento sobredeterminante, sino que no que se presenta como fundamentación del reclamo de provincialización es la restitución de un derecho vulnerado, el de la representatividad política y el derecho al voto. Podemos esbozar, a partir de ello, que si bien el discurso hegemónico comienza articularse sobre una noción de madurez política, aunque sostenida todavía desde una matriz evolucionista, existen sectores vinculados al radicalismo cuya identidad se estructura, como describimos al comienzo, como

exclusión respecto a una institucionalidad vigente identificada con la negación de la

Constitución. En otra nota firmada también por Abeijón, el escritor declara:

¿Qué hay que retacear o temer cuando se ha llegado a satisfacer las exigencias de la Ley? Es como si al ciudadano que ha llegado a la mayoría de edad se le negase la libreta ciudadana y no se le concediese todos los derechos que como tal le corresponden” (Chubut, 23-05-54).

Si analizamos detenidamente la cita, observamos que no es la cuestión sobre la mayoría de edad lo que está en primer plano, sino que lo que se resalta en el ejemplo dado por el escritor es el hecho de la legalidad/ no legalidad de lo que se toma como muestra del retraso en la provincialización de los territorios. La clave de esta interpretación, sin embargo, no se encuentra en el propio ejemplo, que leído de forma aislada bien podría prestarse a una lectura enmarcada en lo que llamamos discurso de la inmadurez, sino que la encontramos en la pregunta que lo precede. La misma hace referencia a que lo que los territorios han alcanzado son las condiciones impuestas por la ley 1532 en cuanto a cantidad de habitantes requeridos para la provincialización –tal como el ciudadano que ha cumplido la mayoría de edad cumple con el requisito fijado por el código electoral-, y no a una maduración entendida en términos cualitativos. Lo que sobredetermina los significados políticos en el discurso radical parece ser entonces, como lo explica Barros para el discurso yrigoyenista, la reparación de derechos. Más allá de las recién citadas críticas a la continuidad del status quo que realizan algunos actores del radicalismo y otras fuerzas opositoras al peronismo, pocas son las

expresiones de disconformidad hacia el régimen vigente que se publican en la prensa

local para el caso de la Gobernación Militar. Cuando aparecen, las mismas revisten un tono que pretende cierta apoliticidad:

“Y al cumplirse un año más del régimen actual y colocados en el campo de la civilidad o ciudadanía, séanos permitido consignar que no hemos desviado nuestros puntos de mira respecto a su significado cuando aún cuando en verdad hemos tenido la suerte de conocer muy excelentes funcionarios, lo que quiere decir que estas estimaciones tienen carácter de genéricas y en ningún caso personales. Pero eso sí, respetuosos en todo y para todos, señalemos algo curioso que se está observando en estos últimos tiempos y que al invadir el ambiente ha dejado de ser misterio: elementos que por su posición y por lo que dicen representar, aparecen ya cansados del régimen y anticipan para el mismo contada vida… A qué se debe esta metamorfosis es lo que ignoramos y en verdad tampoco nos interesa y sólo lo consignamos por lo que de sorprendente tiene” (Chubut, 30-05-54).

A partir de gestos prudentes, se deja entrever cierta sensación de obsolescencia de las estructuras políticas vigentes, sobre todo entre aquellos sectores que como dijimos sostienen discursos sobredeterminados por la reparación de derechos. Contrariamente a lo que parece suceder en la prensa chubutense donde las críticas al régimen territoriano, si bien moderadas, se manifiestan de forma constante, aquí aparecen de modo cauteloso y poco frecuente. Esta situación puede responder a la convergencia de por un lado, un

factor de control por parte del gobierno militar sobre la información divulgada por la

prensa, y por otro, una situación de mayor satisfacción de sus habitantes respecto del régimen. En tal sentido, el crecimiento exponencial de la inversión en obra pública, así como la difusión de políticas de asistencia social e inclusión laboral redundaron en la Gobernación Militar en una adhesión progresiva de gran parte de los sectores sociales que favoreció el reconocimiento hacia las autoridades político-administrativas por parte de la comunidad (Marques- Palma Godoy, 1993). A su vez, un análisis de los discursos enunciados por el gobernador de la Gobernación Militar durante el periodo estudiado, el coronel Ítalo Dell´Oro, arroja presencia recurrente de un discurso fuertemente alineado a los postulados de la doctrina peronista. Con un notable énfasis en el eje de la racionalización del aparato estatal y productivo, se destaca la consonancia con los axiomas planteados en el Segundo Plan Quinquenal. La fuerte presencia de YPF como brazo productivo del Estado en la zona, refuerza la significación otorgada a los recursos económicos en la sobredeterminación del discurso político. Esta matriz productiva influyó en la estructuración política de la gobernación desde su creación, no obstante, la llegada del peronismo al poder, reforzó su ascendiente sobre este campo otorgándole un marcado sentido identitario. La militarización que se implementó, como dijimos, bajo el argumento de una amenaza externa constituida tanto por los peligros que representaba la Segunda Guerra Mundial como por la posibilidad de un conflicto de frontera, cumplió un rol de control de una amenaza interna personalizada por el comunismo y otros elementos políticos de la lucha obrera que comenzaban a cobrar protagonismo en el yacimiento. Así, la oposición política que se organizaba por fuera de YPF en lo que Marques y Palma Godoy (1993) identifican como “el pueblo” –territorialmente y como unidad de identificación diferenciada a nivel local de los “ypefianos”- lo hacía bajo “la constante mirada controladora de la

Administración de YPF sobre la vida social y política del pueblo” (Marques-Palma

Godoy, 1993). Asimismo, la presencia de YPF, concebida como empresa estatal al servicio de la “defensa nacional” y el progreso económico, logró instalar una retórica nacionalista y estatista (Carrizo, 2010) que contrarrestaba en alguna medida el repertorio de medidas que constituían a la gobernación en una “sociedad reglamentada” (Torres – Ciselli, 2007). De este modo, la desconfianza inicial experimentada por sus habitantes a partir de la implantación de un fuerte control social y la limitación de los derechos individuales básicos fue debilitándose de la mano del crecimiento económico y el desarrollo cultural de la Gobernación. El siguiente es un extracto de una nota publicada en el marco de la conmemoración del décimo aniversario de la Gobernación Militar y condensa de alguna manera lo antedicho:

“Cúmplese mañana el décimo aniversario de la creación, en nuestro medio, de la Gobernación Militar, hecho este que, contemplado bajo el aspecto material y colocados como estamos siempre en el campo de la realidad, justo es reconocer que a través de la década transcurrida, se ha impulsado el progreso en nuestra ciudad donde se han levantado monumentales edificios (…)Todo esto, mirado como corresponde observar a la verdad, nos representa un beneficio material de extraordinaria importancia, pues con esos edificios nuestra ciudad ha cambiado su aspecto edilicio y urbanístico elevándonos de categoría, de esa categoría que no pocos pensarán desde hace años convertir a Comodoro Rivadavia en la “Gran ciudad del Sur”, como decían. Bueno es también reconocer que todo ello se ha realizado en un lugar

donde su riqueza petrolera engrosa constante y destacadamente el

acervo nacional…” (Chubut, 30-05-54).

Tal como expresa la cita, existe una intensa identificación entre el progreso de la zona y el desempeño de la Gobernación Militar, en donde ésta aparece como parte integrada de un todo superador constituido por la Nación. Entendido desde esta perspectiva podemos comprender que el nivel de homogeneización que se logró durante el peronismo entre la realidad política y económica local y la instancia nacional influyó en la forma en la que sus habitantes percibieron la participación política y la representación de los intereses comunitarios sustituyendo la autonomía tan demandada en los Territorios Nacionales. Si bien desarrollaremos este último punto con mayor profundidad en el próximo capítulo, dado que la descripción de los rasgos identitarios de cada zona nos permitirá comprender más cabalmente los procesos de identificación política a partir de la disputa por la decisión sobre la capital provincial, en este momento podemos afirmar que la militarización de la zona de Comodoro Rivadavia y el modo en que se constituyeron los lazos políticos bajo este régimen influyeron en el tipo de demandas realizadas por su población respecto de la necesidad de una reforma de la ley de territorios. Para el caso del Territorio de Chubut, la presencia de mayores libertades políticas garantizadas en principio por una mayor apertura por parte del régimen territoriano y la consiguiente ampliación de los derechos políticos que implicó la reforma constitucional de 1949, se cristalizó en la confluencia de una serie de demandas que parecen haber tenido como elemento aglutinante un discurso acerca de la madurez política y moral de los territorios. Dicho discurso, sin embargo, no planteó una ruptura respecto del discurso hegemónico de la inmadurez que continuó sobredeterminando los sentidos con los que se concibió la politicidad territoriana. En este sentido la madurez operó como el

significante que permitió conciliar la intención del peronismo de integrar a los

territorios a la escena política nacional y las demandas de representatividad y autonomía política de los territorianos. Así, tanto los argumentos que bogaban por la reforma de la ley como por la provincialización de los territorios estuvieron concebidos sobre una noción evolutiva de lo político, dado que consideraban o bien que los territorios no se encontraban lo suficientemente maduros para la autonomía o bien que sí lo estaban. En ambos casos, como dijimos, lo que sobredeterminaba los discursos era la idea de que los territorios y sus habitantes debían atravesar una serie de instancias para convertirse en provincias y ciudadanos con derechos políticos plenos. Esta lectura, como hemos señalado, se evidencia tanto en el relato de los territorianos y el Estado como en las narrativas elaboradas por buena parte de la historiografía que ha abordado el tema. El trabajo con las fuentes que hemos realizado a lo largo de este capítulo ha pretendido desandar ambos relatos en un intento de dar cuenta de las prácticas y representaciones colectivas a partir de los cuales fueron significados. Por un lado, se ha intentado abordar la discusión sobre las dinámicas políticas en los territorios nacionales desde una mirada en la que lo que se priorice no sea una visión normativa de la política sino una perspectiva en la que el objetivo sea dar cuenta de los elementos que sobredeterminan los discursos y prácticas que hacen a articulaciones políticas específicas. Por otro, se ha apuntado a deconstruir aquellas lecturas institucionalistas y deterministas que han presentado interpretaciones sesgadas de la historia política tanto nacional como territoriana. Sobre lo que existe un acuerdo, sin embargo, es sobre el carácter disruptivo y transformador de las relaciones sociales y políticas que tuvo el peronismo. Luego del análisis elaborado podemos concluir que la ruptura provocada por el peronismo, si bien presenta consecuencias disímiles en cada territorio, tiene como común denominador la politización de las relaciones sociales. Como hemos ya aclarado, entendemos la politización como manifestación de la contingencia, es decir, como el momento en que esas relaciones sociales se enfrentan a su indeterminación constitutiva y son re-situadas en la disputa por su legitimidad (Retamozo, 2009). En este sentido, el contenido disruptivo del peronismo estuvo dado por la inclusión masiva de actores a la vida comunitaria. La politización de la sociedad no se da, así, a partir de la captación de voluntades a través de la ampliación del aparato administrativo del Estado, tampoco, como dirá Rancière, a partir del litigio entre pobres y ricos, sino a partir de la inclusión dentro del discurso político de actores que hasta el momento se encontraban excluidos. El carácter disruptivo del peronismo estará dado así por su capacidad de dividir la sociedad “en partes que no son verdaderas partes” (Rancière, 1996: 33), es decir, por crear un antagonismo que subvierte el orden social tal como era entendido hasta ese momento. La búsqueda de la ampliación de las lealtades políticas, como advertirá Barros, no es una práctica exclusiva del peronismo, sino que es parte inherente de lo político, en tanto requiere de la suma de lealtades para constituirse como discurso legítimo.

CAPÍTULO III. Identidades Política: diferencias en la construcción identitaria en el norte y el sur del Territorio de Chubut durante la provincialización

III.1. La provincialización como ruptura

Tal como postula Arias Bucciarelli (2010), las modalidades de abordaje de las temáticas vinculadas a los territorios nacionales han estado centradas o bien en la determinación de las razones del incumplimiento de la ley 1532, o bien en la detección de momentos de lucha por la provincialización dentro de los territorios. En este sentido, el autor propone un corrimiento respecto de estos abordajes, que si bien resalta tienen importancia, descuidan los procesos de construcción de ciudadanía y la emergencia de demandas dentro de los territorios que van más allá del reclamo por la ampliación de derechos políticos y la autonomía institucional. De este modo, sugiere incorporar una perspectiva que considere formas no institucionalizadas de intervención en el espacio societal en la pretensión de abandonar una visión estatalista de la ciudadanía. Acordando con la necesidad de desplazar el análisis hacia una perspectiva que reflexione acerca de elementos que excedan los modos institucionales de construir el relato político en una sociedad, consideramos que no es posible vaciar la noción de ciudadanía de su contenido estatal. Afirmamos esto entendiendo que, incluso no restringiendo el concepto a su acepción más reduccionista, la ciudadanía comprende la vinculación de los miembros de una sociedad con el Estado a través del otorgamiento de derechos tanto políticos como sociales. Esta visión que si bien incorpora la perspectiva relacional a través de la cual entendemos la construcción de lazos políticos, deja de lado aquellos elementos simbólicos que se construyen en torno a las dinámicas políticas y que están en su origen. Consideramos, entonces, que lo político como instancia constitutiva de lo social debe ser analizado desde un estudio que indague sobre el

proceso de construcción discursiva del horizonte de sentido de una formación política,

el cual constituye una instancia previa a los procesos de institucionalización de las relaciones sociales dentro de una comunidad. Como hemos afirmado en los capítulos anteriores, la constitución del campo de la discursividad supone la imposición de una serie de relaciones sociales sistemáticas por sobre otras. Esa imposición de un determinado orden político se estructura sobre la base de un conflicto inerradicable que impide que esa imposición sea plena y definitiva. En este esquema, el discurso político tiene un rol estructurante y definidor de las identidades colectivas, y por lo tanto, de la hegemonía dentro de una sociedad. Las nociones de articulación a través del juego de la equivalencia y la diferencia han sido un aporte fundamental de Laclau para comprender las lógicas discursivas que intervienen en la construcción de hegemonía y de identidades colectivas constituyendo y organizando las relaciones sociales. La necesidad de estas relaciones sociales no deriva de un proceso subyacente “sino de la regularidad de un sistema de posiciones estructurales. Según veremos, si la contingencia y la articulación son posibles es porque ninguna formación discursiva es una totalidad suturada, y porque, por tanto, la fijación de los elementos en momentos no es nunca completa” (Laclau-Mouffe, 2004: 179). Desentrañar el contenido de las identidades políticas implica como ha dicho Barros (2009), una lectura no-literal que permita romper con la ilusoria objetividad con la que se presentan las relaciones sociales permitiéndonos dilucidar aquellas fuerzas externas que son constitutivas de su particularidad. Dicha objetividad con la que aparecen las relaciones sociales ante los ojos de los sujetos no responde a un principio sustancial cuya literalidad última pueda aprehenderse mediante una actividad contemplativa, sino que deriva de la regularidad de un sistema de posiciones estructurales (Laclau-Mouffe, 2004). En tal sentido resulta fundamental, dirá Aboy Carlés (2001), identificar las dimensiones analíticas que operan en ese proceso identificatorio entre las que señala alteridad, representación y tradición. Estos tres elementos están en la base de la operación de diferenciación externa y homogenización interna que supone toda configuración identitaria. A su vez, dirá Retamozo el análisis político de los procesos de subjetivación, en tanto actos de identificación política, deberá incorporar “la historicidad (tanto del orden como de las subjetividades) y los complejos modos de construir la memoria colectiva fundamental en la elaboración del nosotros” (Retamozo, 2009: 122). En el capítulo II observamos cómo operó el peronismo en la transformación de los discursos locales respecto de la necesidad de una modificación del status político del Territorio de Chubut y de la Gobernación Militar y cómo estas demandas se articularon localmente. Concluimos que existieron diferentes lógicas de articulación en cada zona que redundaron en configuraciones específicas del reclamo de reforma de la ley 1532, las cuales estuvieron sobredeterminadas por un discurso enunciado desde el poder central que oscilaba entre la madurez y la inmadurez pero que tuvo apropiaciones locales particulares que respondieron a las identidades políticas pretéritas de cada zona. Analizaremos en el presente capítulo la incidencia de este proceso previo a la provincialización en la constitución de identidades políticas al interior de cada región a través del estudio de los meses previos a la provincialización que finalmente se concretó en junio de 1955. En dicho periodo se asiste a un proceso de escalada de las demandas por la autonomía que fue denominado por la prensa local como “movimiento provincialista”. No obstante, lo que se puso en juego allí no fue únicamente una demanda por la provincialización de los territorios nacionales, sino también el reclamo para sí de cada zona de la sede de la futura capital provincial. En este debate que adquiere gran trascendencia pública, se activarán las bases de legitimidad de las

respectivas identidades políticas de cada región que se cristalizarán luego en un

determinado equilibrio de fuerzas donde uno de los discursos logrará imponerse hegemónicamente. El antagonismo surgido durante este periodo entre la región norte y la región sur configurará un horizonte de sentido determinado que será la plataforma de futuros procesos de identificación y antagonismos en la nueva provincia.

III.2. El Movimiento Provincialista

La denominada “Semana Provincialista”, que tuvo lugar entre los días 9 y el 16 de abril de 1955, consistió en la constitución de comisiones a lo largo de los dos territorios que propiciaban la provincialización de los mismos. Tanto en el Territorio del Chubut como en la Gobernación Militar se creó una Comisión Central Pro-Provincialización a la que se sumaron sedes en distintas localidades inauguradas por los mismos miembros de las comisiones centrales. Durantes estos días cobraron fuerza los reclamos por parte de pobladores y dirigentes políticos –fundamentalmente del arco peronista- que, ante las declaraciones realizadas por el presidente Perón en favor de la provincialización, impulsaron una serie de acciones tendientes a visibilizar el asunto y a presionar al poder central para que finalmente conceda a los territorios su autonomía. Los modos en que estas comisiones fueron constituidas, la metodología que utilizaron para la difusión y el contenido de las consignas fueron distintos para cada caso, así como también lo fue la lectura realizada por los medios locales sobre dichos acontecimientos. Detallaremos a continuación cómo estos acontecimientos atravesaron a cada zona.

Para el caso de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, la “semana provincialista” comienza con una reunión en el Salón Huergo de YPF de la ciudad de Comodoro Rivadavia el día 9 de abril en la cual son designados los miembros que

integrarán la “Comisión Central Pro-Provincialización del Territorio Nacional de

Comodoro Rivadavia”. Al día siguiente los muros de la ciudad capital aparecen empapelados con un manifiesto elaborado en el marco de la Comisión recién creada en el que se expresa lo siguiente:

“El áspero viento patagónico y el incesante bramido de nuestras playas del Atlántico indomable, repiten permanentemente que debemos constituirnos en celosos guardianes de nuestro querido terruño; ello y a la hora actual hacen propicia la eclosión de nuestros fervientes deseos de ciudadanía desde tan largo tiempo anhelado (…) nos daría derecho a constituir nuevas autoridades con los propios hombres de esta tierra, que nadie más intensamente siente sus necesidades, sus problemas y aspiraciones. Por eso nadie mejor que los comodorenses para resolver los problemas de los comodorenses. Pueblo y ciudadano del territorio nacional de Comodoro Rivadavia: enrolémonos en este movimiento, que es un movimiento popular concordante con los principios federativos de nuestra Constitución Nacional, ejemplo entre las democracias del mundo entero, para que manejando nuestros propios intereses forjemos nuestra propia felicidad en armonía con la de los demás. La Comisión Pro Provincialización del Territorio de Comodoro Rivadavia, da por descontada nuestra decidida adhesión en la expresión de la unanimidad, porque conocemos que la provincialización es el ansia común de todo un pueblo laborioso que sólo esperaba la oportunidad para mostrarse organizado y eficiente,

como lo quiere nuestro general y como lo quiso la Abanderada eterna

de este pueblo virtuoso de la Nueva Argentina en marcha”.

La reacción de la prensa es inmediata y alude al apresuramiento y la improvisación en el tratamiento del tema. Asimismo critica la arbitrariedad en la decisión respecto de los representantes que integrarían la Comisión Pro-Provincialización y el abrupto cambio de opinión de quienes hasta el año anterior habían defendido la persistencia de la Gobernación Militar:

“A nadie debe sorprender que demandemos de los gestores del movimiento “provincialista” surgido como se dice “de jueves a viernes” las correspondientes explicaciones, para así conocer por lo menos las razones y los fundamentos –que también todo crédulo- estimamos deben poseer, para así llevarlos al categórico convencimiento” (El Chubut, 16-04-55: 4).

Las explicaciones que se reclaman desde la prensa tienen como trasfondo la presunción de que el “movimiento provincialista” obedece a una directiva por parte del poder central hacia el conjunto de los Territorios Nacionales:

“Bien es forzoso reconocer que desde largos años se viene bregando por colocar a los territorios en el grado de altura que por su número de habitantes y potencial económico les corresponde, pero lo curioso y lo que llama algo la atención es este inesperado movimiento provincialista ya que como ocurre en el caso especial de la

Gobernación militar, los que ahora aparecen como entusiastas

intervencionistas, no hace aún un año eran acérrimos opositores a ello. ¿Qué influencias o hechos motivan este tan repentino cambio de criterio? Seguramente que ellos han de tener buenos fundamentos, pero no dejaría de ser un gran beneficio y orientación para la población saber esas causas –que repetimos- deben existir” (El Chubut, 13-0455).

Ante a las críticas en la forma de proceder del movimiento provincialista, el Gobernador de la Gobernación Militar, Ítalo Dell´Oro, publica un comunicado en el que expresa:

“El Ejército que desde los albores de la nacionalidad, no sólo luchó por la soberanía del país sino que apuntaló las instituciones cívicas a través de un siglo y medio, no puede ver sino con regocijo un progreso político de cualquiera de los Estados que constituyen la patria (…) sino que a pesar del régimen especial de este Gobierno, excepcionalmente aplicado, no eludió de manera alguna enfrentar todos los problemas e inquietudes de la población y es así que durante más de una década ha contribuido a que el mismo haya podido alcanzar un nivel político social que facilitará sin duda alguna, su posible autonomía política si es que, tal como está previsto en los artículos 59 y 60 de la Ley 14.315, los poderes públicos así lo consideran, una concordancia con la prédica constante del Exelentísimo Señor Presidente de la República que concreta la

expresión de la soberanía popular en la frase “Se hará lo que el pueblo

quiera” (Chubut, 14-04-55; 4).

En dicho comunicado el Gobernador afirma la condición de madurez del territorio para su provincialización, enlazando el alcance de ese estatus al accionar del Ejército. Si como señalamos en el capítulo dos la reforma de la ley 1.532 aparece en 1954 como el resultado de la conciliación lograda por el peronismo entre una integración parcial de los territorios a la escena nacional y las demandas de representatividad y autonomía política esgrimidas sobredeterminada por un discurso de la madurez que responde sin embargo a una matriz evolucionista, la inminente provincialización a mediados de 1955 se presenta como el momento de consagración de esa madurez. Observemos ahora el devenir se estos sucesos en el Territorio de Chubut. Allí el movimiento provincialista, que emerge durante el mismo periodo que en la Gobernación Militar, asume un rol legitimador del discurso provincialista generando consenso entre los territorianos respecto de la necesidad de asumir los postergados derechos y responsabilidades democráticos:

“Hemos de salir de la infancia para ponernos los pantalones largos y de ahí en adelante obraremos por nuestra propia cuenta, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, paso de cuya trascendencia, nadie puede ni debe sentirse desvinculado” (Jornada, 15-04-55: 2).

Como se observa la inmadurez continúa siendo el significado latente respecto de la situación institucional y política de los territorios. En función de este discurso se elabora un pasado territoriano vinculado a la apoliticidad y la apatía política. La

provincialización se visibiliza frente a este pasado como el fin de una etapa en la que

fue necesaria la tutela del Estado, y, al mismo tiempo, como la oportunidad de progreso material y político. Dicho progreso, que en el caso de la Gobernación Militar aparece como capital preexistente, y por tanto, legitimador de la autonomía, en el Territorio de Chubut asume el sentido de una promesa futura:

“Como territorio hemos gozado de una tranquilidad evidente. No conocimos las perturbaciones políticas, los sucios manejos de los comités, los vuelcos de padrones, el asalto a las urnas. Nuestra experiencia territoriana, en materia cívica es muy reciente y, en general, bastante clara. Pero, como territorio hemos sido gobernados desde el Ministerio del Interior invariablemente, con buenos propósitos, más con suerte variada, y muchas, muchas veces con las adversas, porque los hombres que nos han sido enviados, carecían de las virtudes del gobernante y no tenían ningún conocimiento de la región, cuando aprendían a conocernos terminaban su mandato y otro venía a hacer el mismo aprendizaje, sin que desconozcamos que hubo buenos gobernadores que dejaron excelente impresión popular. En un régimen provincialista, un gobernador nuestro, una legislatura que represente a todos los sectores y regiones de Chubut, harán que el progreso acelere su paso y vaya transformando nuestro territorio en un estado joven en constante avance” (Jornada, 15-04-55: 2).

El movimiento provincialista, que se inicia en el Territorio de Chubut a partir de un petitorio enviado al Presidente Perón por la seccional local de la Unión del Personal Civil de la Nación de Gaiman, es impulsado por el partido peronista desde sus diferentes ramas. Siguiendo el camino iniciado por otros territorios como Río Negro, Formosa y la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, los miembros del Consejo Territorial del Partido Peronista recorren las diferentes localidades constituyendo 24 comités locales para peticionar a las autoridades nacionales la provincialización del territorio. La Comisión Central Pro-Provincialización del Territorio de Chubut es designada el día 17 de mayo de 1955 en el marco de una reunión realizada en el Teatro Español de la ciudad de Trelew. En las alocuciones realizadas en dicho acto se resaltan el carácter consensuado del reclamo por la provincialización y el carácter reivindicativo que la autonomía tiene respecto de los habitantes del territorio. Este componente reivindicativo se manifiesta en el relato de los tres disertantes que toman la palabra durante el acto, reforzando la idea de “justicia” como el significante que sobredetermina el pedido de provincialización. Esto afirmaba el Sr. David Tobi en la presentación de los representantes de la Comisión Central:

“Luego de referirse a otros aspectos, afirmó que la provincialización de Chubut no era un grito aislado sino la expresión de sus 71 mil habitantes que habían comprendido la justicia de sus derechos para gobernarse a sí mismos” (Jornada, 18-04-55: 5).

Por su parte la Sra. Consuelo Macías, representante de la mujer en la Comisión:

“Hizo referencia a los derechos cívicos acordados a la mujer, recordando a la señora Eva Perón, que los inspiró y los hizo posibles, expresando después que ahora había que completar el derecho acordado para elegir presidente y representantes en la cámara a los territorios, con su total autonomía” (Jornada, 18-04-55: 5).

Como podemos observar, la idea de “justicia” ligada a la provincialización aparece como complemento de otras reivindicaciones ya adquiridas, como en este caso se menciona a los derechos cívicos de la mujer consagrados por Eva Perón. Otro ejemplo aparece en el manifiesto elaborado por la Comisión Central que en uno de sus párrafos reconocen en la provincialización “un acto más de justicia”:

“El Territorio de Chubut también levanta las voces que encierra la aspiración de sus sesenta y nueve mil habitantes, para llegar ante nuestro Líder, el general Perón, inspirados por el ejemplo maravilloso de nuestra inmortal compañera Evita, y decirle que los habitantes de este Territorio anhelan como una acto más de justicia en esta hora de reivindicaciones su provincialización como justa solución” (Jornada, 25-04-55: 6).

Así la noción de “justicia” emerge en los testimonios citados como reivindicación frente a una serie de derechos conculcados, que son en este caso, el derecho al autogobierno y a la elección de representantes nacionales, pero a su vez, se asocia a una noción más amplia de justicia encarnada por el peronismo cuyos límites de significación son difusos. Esta imposibilidad de fijar un sentido pleno a un significante lo constituye en lo que Laclau ha denominado un significante tendencialmente vacío. El significante vacío permite nombrar una pluralidad heterogénea de significaciones, significando así la realidad de alguna manera e instituyendo al mismo tiempo la identidad de un espacio

político determinado. Los significantes tendencialmente vacíos, dirá Laclau, son la

precondición para las operaciones hegemónicas ya que “será la presentación de la particularidad de un grupo como la encarnación de ese significante vacío que se refiere al orden comunitario como una ausencia” (Laclau, 2006: 44) la que defina esa posición hegemónica. Justamente, tal como afirma Groppo, “el complejo ideológico del Peronismo estuvo articulado por el significante vacío ‘justicia social’ la cual se instaura de manera universal y genérica, por encima de toda consideración territorial, económica, social, financiera etc.” (Groppo, 2009: 16). Su efectividad política radica en su capacidad de nombrar la “falta” de la Argentina a mediados de los 40, logrando crear un antagonismo que obliga a una rearticulación de las identidades políticas fijadas hasta el momento. Lo que sucede en relación al discurso de la provincialización en el Territorio de Chubut, es que su demanda se abroquela al conjunto de demandas que el peronismo logra articular equivalencialmente en torno al significado de “justicia social”. En tal sentido, el “movimiento provincialista” se vuelve inapelable para la oposición en tanto se constituye en una demanda universal identificada con el interés de la nación toda. Es en este punto donde el discurso a favor de la provincialización del territorio se torna un discurso hegemónico.

III.3. Debate por la Capital

Intentaremos en este apartado deconstruir los sentidos que se constituyeron en torno al debate por la capital de la nueva provincia, hito al cual le consignamos particular relevancia dado que consideramos que fue alrededor de esta disputa que se construyó un antagonismo entre la región norte y la región sur del territorio.

Una vez que la provincialización pareció un hecho, emergió el debate en torno a qué ciudad sería la capital provincial. Por ya ser capitales de los territorios y por su tradición política y económica en la región, la disputa se polarizó entre las ciudades Trelew y Comodoro Rivadavia. Ambas se proclamaban merecedoras de ser el centro administrativo y político una vez que la posibilidad de que se provincialice cada territorio por separado se diluyese. Quienes propiciaban la ratificación de dicha separación eran los habitantes de la Gobernación Militar, cuyas ciudades, en especial Comodoro Rivadavia, se habían visto ampliamente beneficiadas por el desarrollo económico generado a partir de la explotación de petróleo durante los años que duró la militarización. Por su parte, el territorio de Chubut, al escindirse la zona de la Gobernación Militar en 1944, perdió no sólo una enorme fuente de recursos económicos, y por ende capital político, sino también un número importante de su población, lo cual constituía, según lo establecía la ley 1532, un criterio excluyente para la provincialización. La explicación de este enfrentamiento, sugiere Ibarra (2003), debe ser buscada “en la época en que Chubut era territorio nacional con una superficie igual a la actual, esto es

242.039 km2”. Sin embargo, para comprender dicho fenómeno dista de ser suficiente un análisis sobre las disquisiciones respecto de la superficie abarcada por cada territorio, sino que es necesario profundizar sobre los sentidos que se articularon en cada zona en relación a la configuración de esos espacios. No se ha realizado hasta el momento, ningún estudio que avance sobre esta cuestión cuya injerencia alcanza al presente dado que, como bien explicita Ibarra, el enfrentamiento entre comodorenses y valletanos aún persiste en algunos aspectos. El punto más álgido de este debate llegó en el mes de mayo, un mes después de la emergencia del “movimiento provincialista” y un mes antes de la sanción de la

provincialización. Durante este mes, los diarios consultados realizaron una fuerte

campaña a favor de que sus respectivas ciudades se constituyeran en sede del gobierno provincial. Según Ruffini la provincialización constituyó un proceso dirigido unidireccionadamente por el peronismo a través de una estrategia “justificada ideológicamente en los principios de igualdad y unidad política” en un intento de reforzar su hegemonía. La autora aclara que esta lectura es realizada desde una perspectiva que analiza el devenir de los territorios a partir de una “mirada estatal” que deja afuera la “óptica de sus destinatarios”. Consideramos que justamente un estudio de los procesos políticos e históricos que no contempla su contenido relacional acarrea el problema de no incluir en dicho análisis la significación que los hechos adquieren para ambas partes, y por ende, su intervención en la conformación de nuevos horizontes de sentido. Como ya hemos mencionado, lo político nace en la raíz de la relación amigo/enemigo, motivo por el cual la alteridad se constituye en un signo fundamental de todo momento político. Entender ese momento desde uno solo de sus elementos constitutivos, nos lleva necesariamente a una visión sesgada de cualquier fenómeno político. Es decir, que aunque la intencionalidad del peronismo haya sido la de provincializar los territorios para incrementar su caudal electoral, la significación que esta política adquirió para sus habitantes no puede ser leída únicamente en esa clave. Por lo tanto, como hemos advertido en el capítulo uno, la “peronización” de los territorios no constituyó, tal como asegura Ruffini, la imposición de una determinada institucionalización sino que significó un proceso de identificación que tuvo en su base la ampliación de derechos políticos y el abandono de una situación de exclusión que se había perpetrado para los territorios durante 70 años. Lo que hemos planteado a lo largo de los capítulos subsiguientes ha sido que ese proceso de identificación estuvo sobredeterminado en

cada caso por modos de articulación específicos que configuraron formas distintas de

significar dicho proceso. Rastrearemos ahora en el debate por la capital el proceso de cristalización del antagonismo entre la zona norte y la zona sur de la nueva provincia identificando el modo en que las prácticas y demandas sedimentadas en cada una de ellas operan en dicho proceso. Comenzaremos reconstruyendo brevemente el recorrido histórico de ambas regiones a partir de la creación de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, para analizar luego los efectos de esa trama sobre los imaginarios, representaciones y relatos colectivos que se gestaron a partir del conflicto por la capital. Durante el periodo de la Gobernación Militar, Comodoro Rivadavia fue una de las ciudades patagónicas que mayor crecimiento demográfico y económico registró. Al crearse ésta en 1944, la población comprendida en su jurisdicción era de 48.885 habitantes, llegando a 1955 a ascender a la cifra de 71.000 habitantes. Este incremento poblacional se vio reflejado en la creación de nuevas unidades administrativas, pasando de contar en 1944 con tres municipalidades a elevarse este número hacia 1955 a cinco municipalidades y siete comisiones de fomento, según datos oficiales publicados al disolverse la Gobernación Militar. En materia de obras públicas se finalizaron los edificios del Hospital Regional, el Liceo Militar y el Hotel de Turismo, el actual edificio de Tribunales, entre otros. A su vez se pusieron en pie el Colegio Nacional Perito Moreno, la Casa de Gobierno, el Mercado Frigorífico Regional, así como también se avanzó en la construcción de barrios de viviendas, la pavimentación del centro de la ciudad, el relleno de tierras ganadas al mar y la renovación de cañerías de agua y gas. Este desarrollo de una infraestructura de servicios públicos y de urbanización de la capital territorial, fue acompañado por la expansión de la explotación petrolera bajo la administración estatal de YPF y la difusión de políticas de asistencia social

implementadas por el peronismo que permitió la inclusión de vastos sectores sociales

tanto urbanos como rurales. La confluencia de un gran abanico de medidas económicas, culturales y sociales, redundaron para Comodoro Rivadavia en lo que Marquez y Palma Godoy (1993) denominaron como periodo “de afianzamiento de la Subregión”. Asimismo, este proceso terminaría revistiendo de legitimidad la escisión de esta zona como una unidad político-administrativa autónoma del original Territorio de Chubut, generando dinámicas de identificación propias. Las Fuerzas Armadas jugaron un rol fundamental, por un lado operaron a nivel sindical y político-partidario como un elemento de desactivación del conflicto obrero y la disidencia política, y por otro, sus valores nacionalistas y de defensa actuaron a nivel simbólico como un factor aglutinante de identidades colectivas disímiles. Esto sumado a la dinámica inclusiva que generó YPF dio lugar a fuerte lazos identitarios. El modo de confrontar la conflictividad obrera en los yacimientos petrolíferos, sobre todo a partir de la gestión de del General Enrique Mosconi -quien fue designado en 1922 por el presidente Alvear para la reorganización de YPF- descansó sobre una serie de medidas de bienestar social y nacionalización de la mano de obra6 (Masés, 2007). Asimismo, el discurso de la soberanía nacional y la defensa de los recursos estratégicos fueron configurando un escenario de legitimidad para la presencia del Ejército en la Patagonia central que terminaría cristalizando en la creación de la Zona Militar de Comodoro Rivadavia y luego en la Gobernación Militar. Dicha legitimidad sentó sus bases sobre una serie de significados ligados a concebir al Ejército “como elemento

6 Dado que se consideraba que los elementos subversivos provenían de las ideologías traídas por los inmigrantes europeos, se impulsó la migración interna de mano de obra proveniente fundamentalmente del Noreste argentino, bajo la creencia de que éstas constituían zonas de población sin experiencia sindical o política. Los flujos migratorios hacia la zona de Comodoro Rivadavia, fundamentalmente provenientes de La Rioja y Catamarca se mantuvieron constantes por más de cuarenta años (Marquez- Palma Godoy, 1993).

civilizador, como aporte al progreso espiritual y económico, como factor de bienestar

social, como substancia demográfica e influencia cultural, como garantía de resguardo de un espacio rico en recursos naturales y como custodia de la unidad nacional” (Carrizo, 2009: 675) logrando convertir el discurso de la militarización en un discurso hegemónico. La fortaleza identitaria de este discurso radicó en su capacidad de establecer como exterior constitutivo tanto a un enemigo externo como a un enemigo interno. Es decir, que el “enemigo”, en torno al cual se fijaron las fronteras dentro del espacio social y político, no era sólo la amenaza de una invasión extranjera, sino también, y especialmente, el comunismo como amenaza interna. Fue a partir de la estructuración de ese antagonismo que se edificaron instituciones, prácticas y rituales vertebradas por la militarización. La llegada del peronismo, por su parte, logró aglutinar los significados nacionalistas y paternalistas que articulaba el discurso de la militarización que con medidas de inclusión social y política que fueron más allá del asistencialismo. Tanto a nivel local como a nivel nacional, la conjugación de la justicia social como estandarte y la soberanía nacional como emblema frente a la injerencia externa fue articulada por el liderazgo de Perón. La polisemia originada en la oscilación entre estas dos reivindicaciones dificultó la emergencia de un arco adversario que pudiera crear un antagonismo superador capaz de rearticular una nueva serie de demandas (Aboy Carlés, 2001). El crecimiento económico y el desarrollo de infraestructura pública, así como la promoción de políticas culturales y de asistencia social “generó en los sectores populares la sensación de sentirse contenidos en una estructura regional que promovía el desarrollo económico, y que a la vez les otorgaba seguridad y satisfacción por la expansión de los beneficios del Estado peronista” (Marquez- Palma Godoy, 1993: 121).

El “formar parte de algo de lo que no se era parte” (Barros) confirió a los símbolos de la

Gobernación Militar y a sus referentes, un fuerte sentido identitario que generaría, a la hora de la provincialización, un sentimiento de cierta resistencia a abandonar el régimen militar. Durante los diez años que duró la Gobernación Militar, fue sedimentando en la memoria colectiva de sus habitantes la percepción de pertenecer a una región en constante desarrollo. En este proceso fue central la presencia del Estado, que fue creciendo a medida que adquiría importancia la explotación petrolífera en la zona:

“A partir de 1916 y con mayores componentes populares, el Estado Nacional -atravesado por conflictos inter e intrapartidarios - se materializaba en cargos y funciones administrativas y de gobierno que eran ejercidas por funcionarios que conformaban ese elenco de intereses, grupos de poder y partidos políticos”.

Si bien esta presencia no era siempre celebrada por sus habitantes, dado que en reiteradas ocasiones se manifestaba la falta de idoneidad de los funcionarios enviados por el poder central, la relevancia otorgada a esta zona por el Estado la investía para sus habitantes de un valor diferencial respecto de otras ciudades de la Patagonia. En este sentido, los reclamos de “abandono” o “desprotección”, que aparecen frecuentemente en otros Territorios Nacionales, tienen menor visibilidad en la Gobernación Militar. Más allá de las justificaciones geopolíticas y de defensa esgrimidas a nivel estatal, como las de estrategias disruptivas de la conflictividad sindical planteadas por algunos autores, la creación de la Gobernación Militar, hace justicia a los ojos de sus pobladores

respecto de una demarcación “natural” del territorio. Así lo expresa el Dr. Federico

Escalada 7:

“La unidad geográfica del antiguo Territorio Nacional del Chubut quedó rota y un día, ante una necesidad circunstancial, surgió la Zona Militar de Comodoro Rivadavia y, recientemente, el Territorio Nacional del mismo nombre. La prueba de que la geología aconsejó bien a la división política la tenemos, palpable y palpitante, en la acción de la Gobernación Militar y la conformidad de los habitantes comarcanos. Por otra parte, el Territorio del Chubut, siguió tranquilo su vida y su progreso, sin perturbaciones ni inconvenientes. La conformidad popular, igualmente, confirma la naturalidad de la escisión territorial en lo relativo a Santa Cruz” (El Chubut, 29-05-55: 6).

Existe en torno a la constitución de la Gobernación Militar, entonces, la construcción de un discurso sobre la legitimidad de sus límites geográficos forjado retrospectivamente a partir de su desarrollo económico, social y cultural. Dicha legitimidad responde a cierta correspondencia entre los límites y las características naturales del territorio y las formaciones políticas y sociales que allí se gestan. En esta línea, el Dr. Escalante agrega: “Las agrupaciones de hombres, deben amoldarse a las características del suelo donde viven y, obedeciendo a la naturaleza de cada comarca, crear sus instituciones sociales, económicas y administrativas” (El Chubut, 29-05-55: 5).

7 Federico Escalada fue miembro fundador del Instituto Superior de Estudios Patagónicos y autor de “El Complejo Tehuelche”, primera obra sobre el panorama antropológico de la Patagonia Central.

Estos imaginarios, representaciones y formas de sentir construidos durante los años de la Gobernación Militar que hemos ido recuperando a lo largo de este trabajo, operarán en la articulación de posicionalidades diferenciales al momento del debate por la sede de la capital de la nueva provincia de Chubut. Este suceso cobra relevancia en tanto se configura tanto en la oportunidad de validar la supremacía económica y cultural de la zona, como en la amenaza de perder dicho prestigio y en consecuencia su gravitación a nivel político-administrativo. La prensa aparece en esta instancia como el medio de presentar ante la escena pública las razones que convierten a Comodoro Rivadavia en la genuina capital provincial:

“Si como es sabido, nuestra zona será en el nuevo régimen, el mayor contribuyente, es lógico que sea Comodoro Rivadavia el asiento de la administración nacional y por ende capital. Esto resulta axiomático y cabe la esperanza de que tal criterio supere todo argumento que pueda presentarse en sentido adverso” (El Chubut, 11-05-55: 2).

A través de las declaraciones realizadas en la prensa local por periodistas, vecinos y dirigentes políticos se evidencia que existe en el imaginario colectivo la noción de que Comodoro Rivadavia se encontraba en proceso de convertirse en la principal ciudad de la Patagonia, oportunidad que quedaría obturada de no convertirse en el destino de la capital provincial:

“Resulta duro para el estudioso de estos temas, tener que decidirse entre una capital en el fondo del Golfo San Jorge y otra en el valle inferior del Chubut. De todas formas, si todo el mundo reconoce en Comodoro Rivadavia la mayor, más pujante y progresista ciudad del sur argentino, será preciso rendirse ante la evidencia y consenso general, asumiendo a la misma como natural asiento de las autoridades que regirán los destinos de la gran provincia de la Patagonia Central” (El Chubut, 29-05-55: 6).

La fuerte asociación entre ser sede de la capital y la potencialidad de progreso hizo que la provincialización fuese leída en términos negativos por la población de la Gobernación Militar, ya que representaba para el imaginario colectivo, un retroceso en el crecimiento experimentado hasta el momento y una pérdida de estatus en relación al vínculo con el poder central. La prensa local expresaba este descontento a través de el lema “La provincialización no puede significar en ningún aspecto, un retroceso para Comodoro Rivadavia” repetido reiteradamente en sus titulares y en el contenido de sus editoriales en las cuales encontramos afirmaciones como la siguiente:

“Se dice ya que el asiento de la capital de la nueva provincia será Rawson o Trelew, de confirmarse estos anticipos –cosa que no descartamos- ¿qué significaría para acá? La pérdida de categoría y la ausencia del asiento de las principales dependencias nacionales. También sería un descenso económico. ¿Y como consentir esto sin expresar nuestro desagrado, sin que por lo menos se oigan nuestros fundados razonamientos de autodefensa colectiva? Que venga la provincialización pero que ello no signifique en manera alguna para Comodoro Rivadavia, perder un rico territorio por una situación empobrecedora.” (El Chubut, 08-05-55: 2).

En todo momento la ampliación de los derechos políticos que supondría la autonomía provincial se encuentra colocada en un segundo plano. La reconstrucción de un pasado reciente en tanto proceso de progreso lineal en materia de crecimiento económico social y cultural convierte a la gestión militar, al incremento de la obra pública y al aumento de ámbitos de sociabilidad en símbolos cohesivos de la identidad colectiva. La puja con la zona norte del Territorio del Chubut por la capital desata el antagonismo que abre un espacio de indefinición y contingencia respecto de la estructuración de las relaciones sociales dando lugar a la constitución de nuevos sujetos políticos. El inevitable cambio de estatus institucional de la Gobernación Militar y la puesta en peligro del protagonismo político de la ciudad de Comodoro Rivadavia obliga a una rearticulación de las identidades hasta el momento fragmentarias que desnaturalizaba una realidad vivida como objetiva. Así, una diversidad de identidades particulares entre las que se hallaban “ypefianos”, vecinos del “pueblo”8, inmigrantes, migrantes internos, entre otras, encuentran en la demanda por la capital una demanda universal que subvierte sus diferencias anteriores y se constituye como “promesa de plenitud” (Laclau- Mouffe, 1987). Respecto de la zona norte, la pérdida de la zona de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia tuvo un alto impacto en lo que continuó siendo el Territorio de Chubut, al que le fueron restados 55.418 km² de su jurisdicción y más de 50 mil habitantes, por las razones que ya hemos explicitado. Ya desde finales de la década del 20, Chubut sufría las consecuencias de la crisis económica internacional que repercutió fundamentalmente en el descenso de la demanda y el precio de la lana, una de las principales actividades económicas del VIRCh. Desde el Estado se favoreció una política de apoyo a los

8 En el capítulo dos describimos la diferenciación que existía entre los trabajadores de YPF, quienes vivían en las inmediaciones del yacimiento, denominados “ypefianos” y los habitantes de la ciudad que residían en “el pueblo”.

sectores medios de los grandes centros urbanos, que afectó fuertemente a las regiones periféricas, situación que se vio agravada para la zona patagónica por la aplicación de mayores cargas aduaneras e impositivas, así como de medidas de restricción al acceso a tierras fiscales. Dichas medidas, operaron en la región norte de Chubut en detrimento de la actividad productiva rural y a favor de pequeños y medianos productores residentes de centros urbanos o con fuertes vinculaciones con la ciudad. Así, en “el Valle” se fue afianzando un perfil económico vinculado al área de servicios y las comunicaciones. El peronismo, significó por su parte, una mejora en las condiciones de producción en tanto se realizaron obras como la traza y el mejoramiento de las rutas a través del financiamiento del Banco Nación, sumado a una serie de regulaciones al mercado exterior establecidas por el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) que “facilitaron la urbanización de productores rurales medianos, que adquirieron o construyeron sus viviendas en Trelew, y cuyos descendientes devendrían profesionales, funcionarios y empresarios” (Ibarra, 2003: 89). No obstante esta mayor intervención estatal en la planificación de la economía regional, las políticas del Estado nacional en Chubut se concentraron entre 1920 y fines de los 60 en el fortalecimiento de la actividad petrolera en detrimento del resto del territorio, potenciando la convergencia entre YPF y la Gobernación Militar, y consolidando a Comodoro Rivadavia como el centro urbano más importante de la Patagonia central (Ibarra, 2003). Esta situación, que profundizó la desarticulación de la relación entre las localidades del sur y del norte del original territorio de Chubut, impactó fuertemente en las representaciones de los habitantes del VIRCh que se sintieron “abandonados” por el Estado.

Arias Bucciarelli señala que las exigencias de “autonomía” y “provincialización”

enunciadas por los habitantes de los territorios exponen el problema de la exclusión experimentada por éstos. Sin embargo, asegura que es necesario redimensionar la noción de exclusión desde una perspectiva donde ese reclamo no sea leído únicamente en términos de titularidad de derechos políticos sino que abarque la inclusión en otros ámbitos como son el sanitario, el educativo, el judicial, el económico, el comunal, entre otros. El análisis de este otro tipo de reclamos permite redefinir la autonomía “como una dimensión que trasciende el simple cambio en la condición institucional”. Así la categoría de “exclusión”, en el sentido que le asigna este autor, ha sobredeterminado gran parte de los discursos que se han constituido en torno a la condición no sólo institucional, sino también económica, social y cultural, de los territorios nacionales y sus poblaciones, asume para el caso del Territorio de Chubut una dimensión relacional particular. La “exclusión” no sólo se establece por parte del Estado con respecto a las provincias en tanto unidades administrativo-institucionales autónomas, sino que define sus límites en relación a la propia Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia. Ésta se constituye entonces en un “otro” depositario de beneficios y derechos que, a partir de su creación, les son expropiados a los habitantes del Territorio de Chubut. En este sentido, la disputa por el destino de la capital provincial ya presentada, cristaliza en esta zona un rasgo identitario que profundiza un antagonismo emergido en 1944. Mientras que Comodoro Rivadavia manifiesta a su favor el desarrollo socio-económico experimentado por su territorio como elemento determinante a la hora de decidir sobre la locación de la capital de la nueva provincia, las ciudades del VIRCh (Trelew y Rawson) se asignan para sí el mérito otorgado por la tradición como capital y centro geográfico del Territorio de Chubut original:

“En la designación de la futura capital juegan otros aspectos que

superan el límite de las realizaciones materiales, como es por ejemplo, en primer lugar, el sitio geográfico, de modo que los habitantes de todo el territorio puedan converger hacia él con mayor facilidad. Trelew será el centro geográfico del nuevo estado. Eso no se puede discutir. Y quizás, cuando haya que decidir, este privilegio natural sea decisivo, por encima de los demás argumentos, que aunque muy respetables, no pueden oponerse con ventaja a este hecho incuestionable” (Jornada, 18-05-55: 2).

Así como lo describimos para los sucesos del “movimiento provincialista”, la cuestión de la “justicia” reaparece con un sentido reivindicatorio, que en esta instancia recupera los orígenes del territorio para investir de legitimidad al reclamo, descalificando en el mismo movimiento la legitimidad de la pretensión de Comodoro Rivadavia, constituido ahora en adversario:

“La tradición pesa a nuestro favor, el lugar también, en tanto que la parte opuesta no posee estas condiciones sino las que le han reportado once años de cabecera de un territorio formado artificialmente, como lo confirma el hecho de que se lo vuelva a sus antiguos límites. Es verdad que para aquella región fueron once años de gran valor en cuanto a las realizaciones materiales, pero volvemos a decir que eso no da los derechos históricos que tiene nuestra región para ser la sede del gobierno provincial” (Jornada, 19-05-55: 4).

Este acto de “justicia” que se le reclama al Estado exige coherencia respecto de la

decisión de reponer al Territorio de Chubut sus límites originales:

“Rawson tiene a su favor la tradición de su antigüedad como capital y Trelew su posición. Si la incorporación de la parte de Comodoro Rivadavia a los límites antiguos, es un acto de justicia como lo es sin duda, destinado a volver las cosas a su primitivo lugar, de ello mismo surge la tranquilidad para que la justicia se confirme plenamente, será dejando la capital donde estuvo siempre o dándosela a Trelew, que por la proximidad de ambas localidades viene a ser casi lo mismo. Otra cosa distinta es llevarla a un extremo del territorio como sería si se la ubicara en Comodoro Rivadavia. Seguramente la campaña que allí se realiza comprende muy bien estas circunstancias y busca anularlas pasando por arriba de ellas con la repetida mención de su progreso como factor para concretar la finalidad que persigue” (Jornada, 19-05

55: 4).

En el marco de esta disputa, se resignifica la historia del territorio adecuando el relato a las exigencias del presente. Así, en sucesivos artículos periodísticos se apela al momento de gestación del territorio otorgándole un sentido probatorio de la demanda realizada y generando al mismo tiempo efectos de identificación con ese pasado:

“Chubut ha sido la tierra de proezas colonizadoras, que permitieron la ulterior conquista de todo el sur para la civilización. Mucho antes que los ejércitos del general Roca realizaran la épica marcha de 1879, el

[Río] Chubut estaba conquistado, colonizado y argentinizado, porque

funcionaban escuelas argentinas y en los mástiles flameaba ya la bandera celeste y blanca, afirmando la soberanía de nuestro país en tierras que otros reclamaban imperiosamente” (Jornada, 17-06-55: 2.)

Finalmente, la provincialización fue sancionada bajo la ley 14.408 el 15 de junio de 1955. Ésta disolvía la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia y volvía la nueva provincia a los límites originales del Territorio de Chubut, estableciendo la continuidad de Rawson como capital provincial provisoria, hasta que se convocase a la Convención Constituyente que fijaría su destino definitivo. En dicha Convención se ratificó a Rawson como sede del gobierno provincial:

“Resulta lógico entender la postura comodorense en la Convención Constituyente de 1957; pretendían legalizar esa sensación de supremacía que en los hechos habían experimentado en los años anteriores, frente a los restantes convencionales que optaron por dar prioridad a lo s antecedentes históricos que exhibía Rawson para ser la capital de la Provincia, postura que como ya dijéramos, se impuso finalmente” (Ibarra, 2003: 42).

Como afirmamos en el principio, las demandas de provincialización y la disputa por la capital de la nueva provincia no tuvieron un sentido unívoco para los habitantes de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia y el Territorio Nacional de Chubut, sino que pusieron en juego demandas pretéritas y sentidos sedimentados en los imaginarios colectivos que abrieron paso a nuevos procesos de subjetivación e identificación

política en sus comunidades. Tanto el “movimiento provincialista” como el destino de

la capital provincial pusieron en cuestión el orden social establecido hasta el momento dando lugar a la producción de nuevas decisiones y acontecimientos. Estos se constituyeron en procesos de dislocación de los sentidos hegemónicamente estructurados y activaron la constitución de nuevos espacios de enunciación de los discursos políticos que reclamaban para sí la legitimidad de sus relatos. El peronismo operó en este proceso habilitando significantes vacíos que permitieron cobijar una serie de demandas dispersas en torno a reivindicaciones como la “justicia social” y la “soberanía nacional”, cuya polisemia posibilitó articulaciones particulares en cada uno de los casos presentados. El antagonismo surgido en el decurso de estos acontecimientos generará una tensión política entre ambas zonas que perdurará más allá de la definición institucional de las disputas. Dicha tensión sobredeterminará una serie de discursos que articulan aún en el presente identidades políticas específicas que expresan una rivalidad entre el sur y el norte de la provincia que tiene efectos institucionales y simbólicos.

CONSIDERACIONES FINALES

Dado que no se han desarrollado hasta el momento estudios sistematizados que profundicen sobre las características asumidas por procesos políticos y sociales que tuvieron lugar durante el periodo que en que Chubut fue Territorio Nacional, la presente tesina posee un carácter preeliminar y exploratorio. Más que reconstruir dichos procesos, su objetivo ha sido el de problematizar acerca de ciertos sentidos que se han asignado a las trayectorias políticas territorianas brindando nuevas perspectivas de análisis que concentren su atención en el estudio de los procesos de construcción de identidades políticas locales en su imbricación con identidades políticas nacionales. En este sentido, el estudio de caso nos permite romper con ciertos relatos que bajo una pretensión totalizadora esconden un sesgo analítico evolucionista y normativista. Hemos intentado, siguiendo esta línea, no sólo aportar datos respecto del modo en que aconteció la instauración de la provincialización en el Territorio de Chubut sino también abonar a una estrategia teórico-metodológica que pondere lo político como momento instituyente de la discursividad social. En este marco, el trabajo se ha estructurado en torno a tres capítulos en los que hemos aspirado a por un lado revisar críticamente los modos en que la bibliografía ha abordado la temática de los territorios nacionales y por otro a introducir una lectura no-literal de las fuentes que evite trasladar la visión evolutiva a la interpretación de los fenómenos políticos buscando una explicación que nos permita acceder a los significados que estructuran la vida comunitaria.

En un primer momento repasamos el contexto de creación de los Territorios Nacionales y realizamos un breve recorrido respecto de la relación entre éstos y el Estado Nacional identificando el rol tutelar interpretado por este último y perpetrado por la Ley 1532 de Organización de Territorios Nacionales sancionada en 1884. Dicha ley, que dio origen y reguló la actividad político-administrativa de los territorios durante los 70 años que tuvo vigencia, estuvo atravesada por una concepción evolucionista de la conformación del Estado Nación y los sujetos políticos que contribuyó a la elaboración de un discurso sobre la inmadurez de los territorios nacionales que devendría hegemónica. Los territorios nacionales patagónicos asumirían en este contexto una complejidad particular dada no sólo por su condición de minoridad sino a su vez por su lejanía respecto del poder central, su escaso poblamiento y la ausencia de una tradición política e institucional vasta. Todos estos elementos reforzarían los efectos sobredeteminantes del discurso de la inmadurez en las lógicas articulación política tanto por parte de los actores nacionales como de los actores locales. En un siguiente apartado concluimos que la subdivisión del Territorio de Chubut que implicó la creación, en 1944, de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia constituyó un hito que marcó una bisagra en el modo en que se estructurarían las identidades locales en cada zona y vertebró una diferencia entre ellas que perduraría en el tiempo. A continuación se procedió a definir conceptualmente las nociones de identidad política y hegemonía privilegiando una perspectiva basada en el análisis de las sobredeterminaciones discursivas que funcionan como condición de posibilidad para las diferentes articulaciones políticas que se desarrollan en los territorios. Luego de un recorrido por las conceptualizaciones de los principales autores, expusimos el modo en que esta perspectiva habilita un abordaje interesante del rol de la “inmadurez” en los relatos sobre los territorios nacionales y su potencialidad en la estructuración de procesos de identificación y construcción de un “campo de la discursividad”. Finalmente presentamos las nociones de “peronización” y “politización” tal como han sido utilizadas por la historiografía que se ha dedicado al análisis de la politicidad en los territorios nacionales durante el peronismo. Siguiendo a Barros, concluimos que el carácter disruptivo y de politización de las relaciones sociales que alcanzó el peronismo en los territorios nacionales patagónicos no estuvo determinado por su capacidad de engrosar el aparato burocrático en esa región ni por la vacancia institucional que favoreció la cooptación de lealtades políticas, sino por el despliegue de una política inclusiva que tuvo como consecuencia la incorporación de amplios sectores a la política. Los efectos de identificación de la inclusión estas “partes que no eran parte” redundaron en la distorsión del orden social tal como era entendido hasta ese momento generando nuevas lógicas de articulación de los discursos políticos locales.

Partiendo de las definiciones presentadas, analizamos en el capítulo dos, los procesos de construcción de las identidades políticas en la Argentina haciendo principal hincapié en la constitución de identidades articuladas en torno al radicalismo y al peronismo. Concluimos que la conformación de las principales identidades políticas en la Argentina previa a 1983 está ligada a la ampliación del sistema político y a la inclusión, a través de movimientos abruptos, de actores a la política, siendo éste uno de los principales puntos de continuidad entre el yrigoyenismo y el peronismo. A continuación rastreamos dicho proceso para el caso de los territorios nacionales, específicamente para el territorio de

Chubut y la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia. Identificando los modos en

que el discurso de la inmadurez penetró en cada región generando pautas de identificación específicas, analizamos el debate sobre la reforma de la ley 1532. En la reconstrucción de dicho debate pudimos establecer que comenzaba a emerger tanto en una zona como en la otra un discurso respecto de la madurez de los territorios para el auto gobierno. Este discurso, que se enunciaba tanto a nivel local como a nivel nacional y que comenzaba a crear las condiciones para la provincialización de los territorios, no estaba exento sin embargo de la matriz evolucionista y teleológica que habíamos identificado en construcciones discursivas anteriores. En este sentido afirmamos que el discurso de la madurez no planteó una ruptura respecto del discurso hegemónico de la inmadurez que continuó sobredeterminando los sentidos con los que se concibió la politicidad territoriana, sino que operó como el significante que permitió conciliar la intención del peronismo de integrar a los territorios a la escena política nacional y las demandas de representatividad y autonomía política de los territorianos. Asimismo, luego de un análisis en el que se evaluaron los ejes de debate frente a la reforma de la ley, concluimos que existieron diferentes lógicas de articulación en cada zona que redundaron en configuraciones específicas del reclamo. Para el caso de la Gobernación Militar, la fuerte identificación entre el régimen militar y el desarrollo económico y social de la zona redundó en una menor intensidad del reclamo por la provincialización, mientras que en el Territorio de Chubut la presencia de mayores libertades políticas dadas por una mayor apertura por parte del régimen territoriano y la consiguiente ampliación de los derechos políticos que implicó la reforma constitucional de 1949, se cristalizó en la confluencia de una serie de demandas que parecen haber tenido como elemento aglutinante un discurso acerca de la madurez política y moral de los territorios.

En el capítulo tres abordamos el proceso de escalada en los reclamos por la provincialización que se vivió en ambas zonas entre los meses de abril y mayo de 1955. Durante este periodo identificamos dos hitos: la emergencia de un “movimiento provincialista” y la apertura de un debate público por el destino de la capital de la nueva provincia. A partir de este análisis concluimos que dicho proceso cristaliza y sienta las bases de una conflictividad que perdurará en el tiempo entre la zona norte y la zona sur de la provincia. La importancia de esos sucesos radicó en su potencialidad para exponer los procesos de identificación política de cada zona, activando mecanismos de resignificación de la historia territoriana y de articulación de demandas bajo nuevos significantes tendencialmente vacíos. Así, concluimos que la creación de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, y en consecuencia la pérdida de esta zona por parte del Territorio de Chubut, tuvo gran relevancia en la configuración de los discursos locales. En la Gobernación Militar, la reconstrucción de un pasado reciente en tanto proceso de progreso lineal en materia de crecimiento económico social y cultural se convierte en principio de legitimidad para peticionar la capital articulando al mismo tiempo estos elementos en tanto símbolos cohesivos de una identidad colectiva que rompe con el fragmentarismo anterior. Mientras que en el Territorio de Chubut la retención de la capital y la recuperación del territorio de la Gobernación Militar es vivida como la oportunidad de recobrar el protagonismo político y económico perdido articulando el contenido reivindicativo de estas demandas en torno a la noción de “justicia social” habilitada por el peronismo.

FUENTES CONSULTADAS

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